Los Colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas en Coahuila emitieron un pronunciamiento público en donde revelaron que diversos elementos de corporaciones policíacas del estado, tales como Fuerza Coahuila y los Gates, han agredido a defensoras y activistas de derechos humanos, sobre todo de integrantes de Familias Unidas de Piedras Negras.
«El objetivo de esta conferencia es para informar la situación que sigue y se mantiene a agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos aquí en Coahuila, de manera particular a nuestras compañeras de familias unidas de Piedras Negras. Quisimos, en este espacio, estar juntas haciendo esta denuncia». Comentó la vocera de los colectivos.
Dentro del pronunciamiento, mencionaron que el contexto de violencia ha ido incrementándose en el estado y añadió que se mantienen las prácticas de violencia institucional.
«Una de las demandas que hemos tenido desde que empezamos a organizarnos es que paren las desapariciones, que pare la violencia; sin embargo no es la tendencia», agregó.
Ariana García, Asesora Jurídica de la Asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, mencionó que a raíz de la denuncia presentada desde 2013 en contra de las corporaciones del estado por el tema de la desaparición forzada, han estado sufriendo ataques y acosos paulatinos por parte de las instituciones estatales.
«A raíz de la denuncia puntual que hemos hecho desde 2013 en contra de diversas corporaciones del estado por el tema de la desaparición forzada, e incluso la tortura, hemos sido objeto de diversos ataques por parte de estas corporaciones, entre ellas el tema de un acecho puntual hacia nosotras, el estar transmitiendo a través de mensajes de what´s app, por ejemplo, cuando nos ven transitando por un lugar y van avisando por dónde vamos circulando… a raíz de estas medidas, no han cesado este tipo de actos contra nosotras y también contra diversas familias. Hay casos que hemos acompañado en donde inclusive hay recomendaciones por la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, y esas personas son acechadas para obligarlas a retirar esas quejas y esas denuncias para no seguir investigando el tema de desaparición forzada y la tortura.», comentó.
La asesora jurídica del colectivo constituido en Piedras Negras explicó que, en su caso particular, han emprendido una campaña de desprestigio en su contra.
«Justo la semana pasada regresé de posicionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diversos casos, son veinte casos, veinte víctimas en donde hemos denunciado puntualmente el tema de la desaparición y el tema de la tortura por parte de elementos del estado. A raíz de esta denuncia es que recientemente se han desarrollado actos de intimidación y de acecho, entre otras cosas. Uno de ellos, por ejemplo, es que el año pasado yo di una entrevista justo por el tema de esta corporación, grupo goe, que es denunciada por el tema de allanamientos a domicilio, tortura, robo. En enero de este año una empresa de comunicación emite este reportaje, la empresa es «GM noticias». Este video es manipulado por una persona, distorsiona el contenido del reportaje y empiezan a hacer un señalamiento a mi persona, diciendo que yo recibo beneficios de la delincuencia organizada y me ponen un título, como la licenciada del narco en Piedras Negras.», pronunció.
Además, la asesora legal puntualizó que la Secretaría de Gobierno de Coahuila aceptó la existencia de más de 200 denuncias en contra de las corporaciones policíacas de Coahuila por la violación a derechos humanos. Sólo en 2017, el Poder Judicial reconoció 57 casos en donde se aplicó protocolo de Estambúl, es decir, hay datos que corresponden a datos de tortura. En Piedras Negras se registraron 18 casos. Sin embargo, ante los números que las mismas autoridades proporcionaron, no ha habido ni un sólo caso judicializado.
Cabe destacar que la mayoría de los elementos señalados por incurrir en actos de tortura, siguen en funciones, por tanto, los colectivos visibilizaron el problema de impunidad que reina en la entidad y el estado de fragilidad y vulnerabilidad en el que muchas buscadoras y defensoras de derechos humanos viven diariamente.
