Ciudad de México, 2017. Ciudadanos laguneros presentaron ante el Tribunal Federal Electoral una demanda que refiere a la Presidenta del Tribunal, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, como obligada a excusarse en el caso de Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo a la gubernatura en Coahuila y en juicio de revocación de candidatura debido a distintas violaciones a las leyes electorales durante su campaña para gobernador. La demanda explica que Janine debió haberse excusado del caso de Miguel Ángel debido a la relación personal que tuvo con Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, durante su ejercicio como subordinado de la Presidenta en el Tribunal.
“…Interponemos la queja en contra la presidenta de esta entidad, Lic. Janine Madeline Otálora Malassis, en razón de que debió excusarse en el proceso político en el conflicto de la elección para gobernador del 6 de Julio del año en curso en el estado de Coahuila de Zaragoza, por encontrarse legalmente impedida por haber atendido a los partidos políticos: Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, con motivo de que se excedieron en gastos de la campaña política, según la fiscalización del Instituto Nacional Electoral…”
“…Es el caso concreto que el licenciado Enrique Ochoa Reza, actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, trabajó bajo sus órdenes en el Tribunal Electoral Federal en la Ciudad de México en los años 2009 a 2011…”
“Con fundamento Jurídico en el artículo 146, Fracción II y XVIII, y artículos: 219, 220 y 221; se especifica plenamente el impedimento. Sin excepciones”, dice el abogado encargado del caso: Edmundo Gallardo Román.
Patricia Vargas Bryan, Ana Sofía Porras López y Patricia Tobías Chávez de la Asociación Civil Participación Ciudadana 29 Laguna; Julián Mejía, de Renacer Lagunero A.C.; y Juan Antonio Abusaid Rodríguez de Nosotros el Pueblo de México A.C., fueron los coahuilenses que presentaron la demanda.
Luego, los mismos ciudadanos exceptuando a Juan Antonio Abusaid, presentaron un juicio político ante el Congreso Federal en contra de todo el Tribunal, por estar al tanto de la situación inconstitucional que involucra al caso del candidato electo en Coahuila.
“Con fundamento en los artículos 109, 110, 111 y aplicables de la constitución federal, venimos a interponer juicio político en contra de los magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la federación, en razón de su negligencia y contubernio con el Partido Revolucionario Institucional en razón de que una vez turnada a la Entidad Federal descrita el conflicto ocasionado por la elección para gobernador en el estado de Coahuila de fecha 6 de Julio del 2017, este tribunal denunciado en juicio político debió excusar de este procedimiento, debido a un impedimento legal, a la presidenta del tribunal Janine Madeline Otálora Malassis…”
Se debe aclarar al lector que, una vez que se presenta una denuncia como ésta, el procedimiento requiere que la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión se convierta en el fiscal del juicio, con la tarea de investigar todas las faltas que se refieran en el caso. Y requiere, también, que la cámara de senadores funcione, después, como jueza; encargada de decidir la sentencia en caso de que las pruebas correspondientes procedan a juicio.
«Estas demandas deben proceder, no hay ninguna excepción que lo impida», aclara Gallardo, y reitera que el caso debe proceder legislativamente, pero duda de la conveniencia política que considerará la decisión final.
Se sabe que, de proceder el juicio, o la demanda, la decisión expedida por el Tribunal hace algunos días deberá retomarse con un nuevo equipo de magistrados. Los anteriores tendrían que excusar sus labores y, en esa suposición, el caso de Miguel Ángel Riquelme Solís frente a las elecciones llamadas fraudulentas por los demás candidatos en Coahuila, volvería a iniciar otro proceso jurídico.
