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El ineficaz y costoso combate a la corrupción en Coahuila

En 2017, justo antes de que Rubén Moreira terminara su gestión como gobernador de Coahuila, se creó el Sistema Estatal Anticorrupción. Desde sus inicios, su conformación estuvo llena de polémica por las sesiones rápidas y opacas que se dieron en el Congreso para designar a las y los integrantes del mismo.

Una de las posiciones más importantes es la Secretaría Técnica del Sistema. Esta posición es como el brazo derecho de la Secretaría Ejecutiva, es la figura que trabaja en la elaboración de indicadores, diseño de políticas públicas y acompañamiento a la sociedad civil organizada para posicionar temas ante el Comité Coordinador.

Este puesto estuvo acéfalo varios meses. Tras la salida de José Manuel Gil Navarro, quien inició como Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y luego «brincó» hacia la Secretaría Técnica, el CPC había demorado en publicar la convocatoria para designar al nuevo o nueva integrante.

La situación con el famoso Sistema Estatal Anticorrupción es que, tras tres años de operación, no ha dejado claro cuáles han sido sus resultados, sus avances.

¿Alguien sabe si algún funcionario ha sido castigado por hechos de corrupción? ¿El CPC ha buscado posicionar temas como la contratación de empresas fantasma por parte de las administraciones de Rubén Moreira y Miguel Riquelme? ¿Este mismo consejo verdaderamente ha articulado y se ha vinculado con la organizaciones de la sociedad civil?

El combate a la corrupción en Coahuila, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, le ha costado al erario 92 millones 183 mil 128 pesos. Esta cifra es la sumatoria de los presupuestos asignados a la Secretaría Ejecutiva del Sistema en los años 2018, 2019 y 2020. ¿Y los resultados? Aún no vemos nada claro.

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Otro hecho que le podría quitar legitimidad al sistema es el que se está dando en el proceso de selección para tomar la Secretaría Técnica. Uno de los aspirantes, Luis García Abusaíd, fue secretario del despacho del Ejecutivo durante la administración de Humberto Moreira, es decir, fue una de sus personas de confianza, de las más cercanas. Este antecedente, bueno o malo, debería ser motivo suficiente para no tomar en cuenta su perfil. Además, García Abusaíd forma parte de la Comisión de Selección del Sistema, es decir, él fue una de las personas que eligió a quienes tienen la responsabilidad de designar la terna de candidatos que finalmente votará el Congreso. ¿Conflicto de interés? Ustedes tienen la última palabra.

Cuando un sistema creado para combatir y prevenir hechos de corrupción tira estos bandazos, su credibilidad queda en entredicho. En las manos de los Consejeros está el futuro de un elefante blanco que hasta la fecha ha sido más visible por sus polémicos procesos de selección que por el trabajo y los resultados que ha logrado.

Coahuila es un estado herido y hambriento de justicia. Funcionarios de mediano y alto nivel fueron cómplices y partícipes de saqueos que hoy tienen comprometidas a las finanzas de la entidad.

Apenas hace unas semanas la periodista Miriam Ramírez documentó que en Coahuila, entre 2015 y 2019, se facturaron poco más de 700 millones de pesos a través de empresas fantasma. De ese recurso, 44 millones ya fueron erogados por la administración de Miguel Riquelme. Ante este reportaje, ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni la Fiscalía Especializada, ni la propia Auditoría Superior del Estado se han pronunciado.

¿Quieren que dejemos de pensar que el combate contra la corrupción en Coahuila es un proceso simulado que nos ha costado casi 100 millones de pesos? Actúen, muestren voluntad y defiendan el honor y el orgullo de un pueblo que fue y es pisoteado por quienes manejan las riendas del estado.

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