Ciudadanos de la sociedad civil solicitaron «el amparo para protección de la justicia federal en contra de las autoridades indicadas en la presente demanda, por haber realizado actos violatorios de los derechos humanos que se reconocen a favor de los suscritos.» Esto en referencia a la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción. Este anuncio se hizo oficial el pasado martes 5 de septiembre en Saltillo, Coahuila.
Dentro del amparo, vienen desarrolladas varias violaciones que incluyen inconsistencias en cuanto a las reformas constitucionales que se tuvieron que realizar y falta de coordinación con lo dispuesto en el Sistema Nacional Anticorrupción.
«Es claro que el artículo 10 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza no respeta el artículo 167 de la Constitución del mismo Estado y ésta a su vez no integra el sistema acorde al artículo 36 de la Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción, dejando a los ciudadanos en un un estado de completa indefensión ya que no se establecen recursos ordinarios para combatir la estructura planteada.» Señala el amparo
En total, el documento cuenta con seis argumentos jurídicos desglosados y explicados minuciosamente para poder impedir el avance del Sistema Estatal y lograr una reconformación del mismo.
Días después de haber presentado el amparo al Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, el juez Fernando Isaac Ibarra Gómez decidió desechar el amparo presentado por una serie de motivos que aquí enlistaremos:
1.- Por no haber sido firmado por todos los ciudadanos que promovieron el amparo, dado que la autoridad alegó que «la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos». El amparo fue presentado por 18 ciudadanos de los cuales, firmaron 15, sin embargo, esta cantidad no fue suficiente para el Juez Ibarra, quien decidió que los faltantes eran suficiente motivo para desechar el documento.
2.- «De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente». Es decir, para el juez ninguno de los actos realizados por el Gobernador Constitucional y el Congreso del Estado en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, pueden llegar a afectar directamente la vida de quienes presentaron el amparo.
3.- «Los solicitantes del amparo no evidencian ni señalan en forma alguna cómo esos hechos les irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al órden jurídico». En el amparo, los ciudadanos presentaron y argumentaron cada una de las causas por las que no es aceptada la forma en la que se ha ido construyendo el Sistema Estatal Anticorrupción pero, para el juez, ninguna de éstas tuvo la suficiente fortaleza para que el amparo fuera procedente.
Red es Poder se dirigió al Licenciado Alejandro Caro, quien presentó el amparo ante las autoridades. El abogado, afirmó que el juez alegó que el amparo era improcedente porque los ciudadanos no pueden estar alegando inconstitucionalidad ante diversas decisiones que se toman al hacer reformas, esto, para Caro, es contradictorio, porque precisamente ésa es la naturaleza de la ley de amparo.
«Llegaríamos al exceso de que todo ciudadano podría impugnar la inconstitucionalidad de cualquier ley que no le agrade cómo se emitió, pero claro, precisamente ése es el espíritu de la ley de amparo». Apuntó Caro.
Además, el juez aseguró que para hacer ese tipo de demandas existen otras instancias como ir directamente con el poder legislativo porque, quienes lo conforman, son representantes de la ciudadanía.
«El pasado viernes metimos un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de circuito en el que alegamos que la corrupción a todos nos atañe y a todos nos interesa que no exista… El juicio de amparo procede cuando se impugnan violaciones al proceso legislativo, hubo una violación a la Constitución.» Agregó el licenciado.
El licenciado Caro, hizo un apunte acerca de lo que significa la corrupción y de cómo sí afecta directamente a los intereses de los ciudadanos:
«Es un cáncer que ha dañado mucho a la sociedad mexicana, es una ley hecha a modo para no castigar a quienes cometen actos de corrupción. Claro que hay una lesión a los ciudadanos porque es una ley que no va a servir de nada.» Finalizó Alejandro Caro.
