La epidemia del Covid-19, ha desviado la atención de otros temas relevantes que aún no se han solucionado en el estado de Coahuila. Uno de ellos, y que esta semana fue noticia, son las irregularidades financieras dentro de las instituciones magisteriales.
Luego de que la Suprema Corte declarara inconstitucionales los pagos y cuotas que el Gobierno de Coahuila le cobraba a los maestros para tener acceso al servicio médico, otro tema que quedó pendiente de aclarar es el presunto desvío de 1,300 millones de la Dirección de Pensiones de Trabajadores de la Educación.
Gustavo García, integrante de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila, comentó que la administración que encabeza Miguel Riquelme no ha hecho caso a las denuncias presentadas por la propia Auditoría Superior del estado.
“Todo esto se deriva de dos cosas fundamentales; el desorden en las finanzas derivado de irregularidades y probables fraudes y probables peculados y probables delitos cometidos contra el patrimonio de las instituciones”.
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El también maestro pensionado explicó que la Fiscalía Anticorrupción no le ha dado seguimiento al desfalco a las instituciones magisteriales del estado. Originalmente, todo el recurso de esas instancias se reunió con aportaciones de los mismos agremiados.
“Que se realicen las investigaciones que están pendientes, no se han realizado. En base a 16 denuncias que presentó la Auditoría Superior del estado y que reporta probables delitos cometidos contra el patrimonio de las instituciones del seguro, del servicio médico y del fondo de vivienda, hasta por 1,300 millones de pesos, bajita la mano y eso es nada más lo que está registrado en esas denuncias”.
El propio gobernador Miguel Riquelme, le respondió a los maestros que él no puede decir nada por la secrecía de las investigaciones, sin embargo, ninguna entidad que forma parte de las instituciones que combaten la corrupción en Coahuila ha dado alguna respuesta.
Cabe destacar que, aunados a los 1,300 millones de pesos que no aparecen, el Gobierno de Coahuila debe otros 3 mil millones al fondo de pensiones y al servicio médico del magisterio estatal.
