Las denuncias y diligencias presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila durante el periodo 2005-2011 con respecto al tema de la megadeuda, no generaron ningún tipo de sanción en contra de los extesoreros del Gobierno de Coahuila, Ismael Ramos Flores y Jesús Ochoa Galindo.
De acuerdo a los documentos desclasificados de la megadeuda, mismos que la Auditoría Superior de Coahuila ya puso a disposición de los coahuilenses a través de su portal web, se detectaron contratos de créditos celebrados con Banorte el día 27 de mayo del 2009 por 2 mil 700 millones de pesos, pero el registro de la deuda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se hizo sino hasta el 20 de septiembre del 2010.
Además, en este mismo informe, se detalló que de la revisión de los contratos de crédito a largo plazo, cuyo monto asciende a 24 mil 512 millones de pesos, se observó que todos cuentan con el número de registro de deuda del Gobierno del Estado de Coahuila y la propia Secretaría de Hacienda, sin embargo, la SHCP solo tiene inscritos en su registro ciertos créditos que ascienden a un monto de 8 mil 329 millones de pesos.
Así, en su momento, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila observó que los titulares de la Secretaría de Finanzas, de la Tesorería General y del Servicio de Administración Tributaria incurrieron en muchas irregularidades.
Uno de los señalamientos, es que aprobaron los montos de endeudamiento netos máximos a los autorizados en el ejercicio fiscal.
Además, manipularon los registros contables, motivo por el cual presentaron una cuenta pública modificada para el año 2010, con fecha del 30 de septiembre del 2011.
También simularon transacciones para obtener recursos a través de organismos públicos estatales, como es el caso de la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila, mismas que representaron un posible daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos.
Auditoría Superior de Coahuila investigaría megadeuda heredada por Humberto Moreira.
Hasta la fecha, casi una década después de que se documentaron las irregularidades cometidas por los operadores financieros de las administraciones estatales de Humberto y Rubén Moreira, las autoridades correspondientes no han aplicado ningún tipo de acción penal o administrativa en contra de los responsables.
