El primer gobierno de izquierda -o al menos que en palabras nos vendieron- deja mucho que desear en torno a garantizar la libertad de prensa, pero también abre un camino nuevo hacia la independencia editorial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador piensa que con no ordenar o presionar el despido de algún colega ya está haciendo su labor para garantizar ese derecho, sin embargo su gran pendiente sigue siendo el mismo de sus antecesores: un mecanismo eficiente que los proteja.
En lo que va de su sexenio suman 13 reporteros ultimados aparentemente por su labor y ninguna garantía que nos haga creer que habrá justicia.
Aunado a eso un nuevo esquema de violencia comenzó para los que siguen día a día sus ruedas de prensa mañaneras.
El presidente López Obrador tiene derecho a externar lo que él quiera en torno a los medios de comunicación, pero no a etiquetar a los reporteros por su empresa o propiciar un linchamiento público.
Sin duda las mañaneras han exhibido lo mejor y lo peor de la prensa mexicana, pero también han generado un desgaste que el Ejecutivo debe tomar en cuenta.
Sin embargo, también los medios de comunicación deben reflexionar en torno a si todo lo que diga el presidente debe ser noticia. La nueva forma de viajar de los reporteros que cubren su fuente ha cambiado y sería justo que los directivos hicieran lo propio con incentivar agendas alejadas de la tan cómoda declaracionitis y más en la investigación.
Pero quizá lo más preocupante es que en el tema de la violencia contra los periodistas está que las agresiones crecen a un ritmo preocupante y no necesariamente en los sitios con alta incidencia delictiva por grupos delincuenciales.
Recientemente, la organización Artículo 19 dio a conocer que Coahuila está en el sexto lugar a nivel nacional como la entidad más peligrosa para ejercer este oficio y eso lleva a preguntarse varias cosas.
Lectura recomendada: Coahuila: sexta entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México.
¿Por qué aumentan las agresiones? Una respuesta obvia es que la impunidad sigue intacta y al no ver una auténtica presión federal, los gobiernos locales mantienen sus prehistóricas prácticas de sometimiento a la prensa que van desde comprar la línea editorial de los medios hasta acallar o reprimir a las voces incómodas.
Los colegas que se han visto más expuestos trabajan, en su gran mayoría, para medios digitales e independientes, por lo que su nivel de vulnerabilidad es más grande que de quienes laboran en un medio con renombre a nivel nacional.
Hasta la fecha, el Presidente no ha fijado postura sobre la peligrosa y precaria condición en la que trabajan la mayoría de los periodistas del país, por lo que también resta esperar para que el Titular del Ejecutivo abandere sus causas y ayude a construir un verdadero Estado de Derecho que promueva la libertad de expresión y la certeza de que una nota jamás le costará la vida a un profesional de la información.