Información vía Vanguardia.
La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila informó que va, por lo menos, por 15 cómplices, entre ellos notarios y abogados, que participaron en el megafraude del Infonavit.
Jesús Homero Flores Mier, titular de la Fiscalía, dijo que se está buscando vincular a los 15 personajes, ya que se les podrían fincar responsabilidades.
El funcionario estatal afirmó que abogados particulares, notarios, jueces y secretarios y personal administrativo del Poder Judicial de Coahuila de las regiones Sureste, Carbonífera y Laguna han sido entrevistados en los últimos días para seguir desahogando el asunto.
“Todavía no podemos definir algún número de personas (involucradas) dado la complejidad y magnitud de la operación que estuvieron llevando a cabo, pero seguramente hay más de 10 o 15 personas más involucradas que pudiéramos llevar a juicio.
“Es de todo (los involucrados), nosotros hemos estado ahorita recabando información y testimoniales de abogados particulares, de personal del Poder Judicial y de algunos notarios públicos”, recalcó.
Lectura recomendada: Vinculan a proceso a jueces de Coahuila por megafraude de Infonavit.
En Coahuila se investigan juicios masivos ilegales efectuados para despojar de sus viviendas a más de 100 mil derechohabientes del Infonavit. El desfalco no sólo sucedió en la entidad gobernada por Miguel Ángel Riquelme, sino por diversos estados del país.
El caso se hizo visible cuando en diciembre de 2018 se publicó que seis jueces y 12 secretarios de los municipios de Parras, Sabinas y Torreón participaron en los juicios amañados.
Producto de las investigaciones, actualmente cinco funcionarios del Poder Judicial ya fueron separados de su cargo como medida cautelar para no entorpecer el debido proceso.
El delito por el que se les sigue juicio es el de prevaricación agravada en resoluciones de fondo, previsto en el artículo 232 del Código Penal anterior en Coahuila, que era el vigente al momento de la comisión de los presuntos ilícitos.
La pena que se contempla a quien incurra en esa conducta ilegal es de dos meses a cinco años de prisión y multa; destitución del cargo o empleo; e inhabilitación definitiva.a
