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Encarcelan a ex funcionaria por complicidad en delito de tortura contra Lydia Cacho

Con información de Vanguardia

María Irene Arteaga Rangel, ex funcionaria de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, fue detenida y encarcelada por su probable participación en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Arteaga Rangel, formaba parte de la organización jerárquica de la Procuraduría poblana y fue detenida la semana pasada por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República.

La captura fue en cumplimiento a una orden de cateo y la detenida fue puesta a disposición del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Quintana Roo.

El delito que se le imputa a la funcionaria tuvo lugar en diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida al arribar a su oficina.

«Me rodearon cuatro judiciales armados para subirme a un vehículo, escoltados por otros cuatro vehículos. El despliegue me hizo pensar lo peor en ese momento. Luego se confirmaría.», escribió Cacho.

La autora de reportajes de investigación que cimbraron al sistema político mexicano como «Los Demonios del Edén», después de su detención, fue llevada a la Procuraduría de Quintana Roo porque una diligencia en otro estado hubiese tomado más tiempo. Sin embargo, su trámite se realizó rápidamente.

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«Las primeras horas en la carretera me hicieron sentir que el secuestro podría terminar en algo peor. Trato hostil, negativa a permitirme alguna llamada, groserías. Entre ellos comenzaron a conversar las ocasiones en que habían muerto otros prisioneros. Habían leído historias sobre mí en Internet y hacían referencia a un “tipo de Torreón que me quería matar.

Me aseguraron que querían pasar a ver el mar en la noche; me preguntaron si sabía nadar, y uno de ellos habló sobre “la gente que se ahoga”. Me preguntaron por mi libro “sobre un pederasta” y hablaron sobre cómo en las cárceles se viola a los que se meten “en eso”. A mí me llevarían a la cárcel.»

Cacho estuvo asegurada y fue transportada por carretera alrededor de 20 horas, tiempo en el que ni siquiera le dieron la oportunidad de ir al baño.

«En el escenario más optimista, lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de inflingirme el mayor castigo posible; una especie de vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policíacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que sólo puede explicarse por la “compra” de la justicia por un particular para afectar a una periodista y defensora de derechos humanos.

En el peor escenario, en el caso de que mi equipo y las redes de mujeres y periodistas no hubieran denunciado a tiempo para exhibir este “secuestro legal”, podríamos temernos una ley fuga o alguna agresión física.», relató Cacho.

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