Información vía Vanguardia
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, llevó una sesión extraordinaria, en la cual el consejo general de dicho órgano llamó a la Fiscalía a responder a las omisiones que tuvo con un ciudadano que solicitó información sobre las denuncias de tortura en 2018 y 2019.
Los mencionados casos fueron promovidos por los ciudadanos toda vez que la Fiscalía General del Estado agotó el tiempo de ley para proporcionar una respuesta, y nunca se pronunció sobre lo solicitado.
Para analizar estos casos, el comisionado Luis González Briseño dio parte de los recursos 897/2019 y 902/2019, donde dio a conocer que expresamente el ciudadano solicitó conocer el estatus de cada una de las denuncias, tipos de víctimas y los métodos utilizados en su contra.
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El ciudadano expresó en su solicitud, vía Infomex, cuántas denuncias por tortura ha recibido desde el 1 de enero de 2018 a 2019, cuántas denuncias fueron promovidas por personas privadas de su libertad, entre otros cuestionamientos.
Por lo cual el comisionado resolvió que la Fiscalía debe solventar y dar a conocer la información cuestionada por el ciudadano, o bien, el mismo tendrá la salvaguarda de sus derechos por si desea interponer una nueva solicitud de información donde conozca lo requerido.
“Se revoca esta falta de respuesta para que se les conteste a los ciudadanos, y se dejan sus derechos a salvo para que una vez recibida la respuesta puedan presentar una solicitud de información toda vez que no les fue presentada en tiempo”, aseveró el comisionado.
La información que está ocultando la Fiscalía es la siguiente: número de denuncias de tortura presentadas en 2018 y 2019, cuántas denuncias fueron presentadas por personas privadas de su libertad, perfil de las víctimas, técnicas que se emplean, número de víctimas en lo que va del año, sexo del denunciante, número de denuncias por mes, por género y por edad.
