Información vía El País.
Uno de los programas más ambiciosos de la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador es, sin duda, «Jóvenes Construyendo el Futuro», iniciativa que promueve que estudiantes y recién graduados se integren al mercado laboral a partir de un subsidio por parte del Gobierno Federal.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Luisa María Alcalde, fue la dependencia que orquestó este millonario programa que, como principal objetivo, busca dar oportunidades laborales y de aprendizaje a los jóvenes mexicanos.
La beca mensual propuesta en el programa es de 3 mil 600 pesos y presume en su primer año cerca de un millón de beneficiarios distribuidos en 157 mil centros de trabajo en el 96 por ciento de los municipios de todo el país.
Sin embargo, aunque los números podrían generar un balance positivo, el retraso de hasta tres meses de las becas y el amago de algunos de los empresarios para cobrar parte del apoyo gubernamental a los becarios han opacado los resultados.
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De acuerdo con datos oficiales, en México suman alrededor de 3.9 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, por lo cual el Ejecutivo destinó un presupuesto de 40 mil millones de pesos para echar a andar el programa, cifra similar al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De acuerdo con el diario El País, a casi ocho meses de su implementación, «Jóvenes Construyendo el Futuro» acumula al menos 5 mil quejas ante la Secretaría del Trabajo. Tal es el caso de Denisse Vázquez en la Ciudad de México, quien se vinculó a una empresa consultora de seguridad, pero con el paso de los días, las promesas quedaron en el papel y en cambió aumentó la presión del tutor para que los jóvenes compraran material y asistieran a cursos con un costo de 800 pesos.
Otros jóvenes beneficiarios del programa se han relacionado con empresas que ni siquiera tienen un espacio de trabajo, por lo cual tienen que poner de sus propios recursos para poder sacar el trabajo adelante.
Por tales irregularidades, la Secretaría del Trabajo ha presentado denuncias contra tres empresas en Tabasco, Veracruz y Sinaloa en las que se detectó que le cobraban a los jóvenes bajo el amago de que si no recibían el dinero serían suspendidos. A la fecha, la dependencia federal ha dado de baja del programa a más de 300 empresas.
