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Piden a la Suprema Corte «echar para abajo» Ley de Seguridad Interior

El colectivo #SeguridadSinGuerra, lanzó una petición pública a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare como insconstitucional a la ley de seguridad interior de tal manera que la SCJN funja como un contrapeso que evite la normalización del uso del ejército y Marina en tareas de seguridad pública.

Desde que la ley fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, diversos colectivos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluida la CNDH, políticos, el gobierno de Chihuahua y diez municipios de los estados de Yucatán, Estado de México y Puebla, además de representantes en la cámaras de diputados y senadores y el mismo Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información pública han mostrado su descontento presentando controversias constitucionales ante la Suprema Corte.

Por otra parte, integrantes del colectivo que firmaron el documento denunciaron que la ley de seguridad interior será un obstáculo para el libre ejercicio de trabajos relacionados con el periodismo y el activismo.

«Además, organizaciones de la sociedad civil y personas que defendemos y promovemos los derechos humanos en el país, así como periodistas, hemos solicitado el amparo de la justicia federal contra la Ley de Seguridad Interior, ya que su aplicación obstaculiza e inhibe nuestra labor al propiciar condiciones que vulneran nuestra seguridad en el ejercicio de nuestro trabajo.» Citó el comunicado.

La presencia permanente del ejército y la Márina en las calles, además de los protocolos y procesos de seguridad en cuanto a la recolección y protección de datos personales, son algunos de los elementos que más preocupan a la sociedad civil aunque, en su conjunto, presentaron cinco aspectos que piden a la Suprema Corte que tome en cuenta para determinar la inconstitucionalidad de la ley.

  • No distingue claramente la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, sino que atribuye a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles.

  • No establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales. Estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolla la intervención.

  • No se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; tampoco se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley.

  • La ley viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.

  • Aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos.

 

En otro sentido, el General y Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, declaró que la ley debe ser analizada sin presiones ni prejuicios, y que las fuerzas armadas acatarán la resolución de la Suprema Corte.

 

 

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