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Por caso García Luna se liga una cuenta «congelada» con Gobierno del morenista Jaime Bonilla de BC

Información vía Sinembargo

El caso de Genaro García Luna llegó hasta el Gobierno de Jaime Bonilla Váldez en Baja California (BC). A raíz de las investigaciones sobre el ex Secretario de Seguridad Pública Federal, se reveló que una las empresas a la que le “congelaron” las cuentas está vinculada al recién designado Oficial Mayor del Gobierno bajacaliforniano.

El Grupo Gasmart  que, de acuerdo con funcionarios cercanos a las indagatorias, fue la empresa utilizada como “puente” para triangular los recursos que pararon una empresa propiedad de García Luna y su familia.

Gasmart ha solicitado distintos préstamos teniendo a Héctor Mares Cossio, Oficial Mayor del Gobierno de BC, como responsable del pago de los mismos, figura conocida como “obligado solidario”.

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Una investigación hecha por Animal Político reveló que de 2008 a la fecha Gasmart ha solicitado 23 préstamos bancarios por 1.431 millones de pesos (75.5 millones de dólares), el último de ellos se formalizó el 4 de julio de 2019, el mismo día que el actual Oficial Mayor bajacaliforniano dejó su curul como diputado local en BC para ceder su lugar a Víctor Manuel Morán, quien 4 días más tarde, el 8 de julio, presentó la llamada “Ley Bonilla” en el Congreso de BC.

El préstame con motivo de “apertura de crédito simple con garantía hipotecaria” fue por 226 millones de pesos y fue solicitado por la empresa Apoyos y Suministros Comerciales e Industriales S.A. de C.V., una de las empresas vinculadas al grupo gasolinero Gasmart.

En el caso de los 23 préstamos bancarios se encuentran como obligados solidarios Héctor Mares Cossio, Alberto Ignacio Uribe Maytorena y Alberto Alejandro Uribe Herrera, este último Director General de Gasmart. Aparte, aparecen una serie de compañías gasolineras vinculadas al grupo, que desde 2015 es investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por la presunta comisión de prácticas monopólicas en el noroeste de México.

En todas estas operaciones la empresa ha dejado como garantía una serie de propiedades localizadas en el municipio de Tijuana, Baja California, México, donde el grupo tiene su base de operaciones.

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