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Por derrame hace 9 días de 40 mil litros de amoniaco, dos pueblos perdieron todo

Información vía Sinembargo

Después de nueve días del accidente provocado por una pipa de la empresa transportadora SIMSA, la cual derramó 40 mil litros de amoniaco sobre la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, a pocos kilómetros de las comunidades El Pinzán y La Compuerta, en el municipio de La Unión, los habitantes no han podido regresar a sus viviendas, asegurando que «todo está contaminado» y no han podido dialogar ni llegar a un acuerdo con la aseguradora Quálitas, que es la encargada de cubrir los daños a las familias afectadas.

Delfino Solano Bustos manifestó que hasta el sábado la empresa aseguradora no había respondido a la petición de indemnización tanto para los deudos de las dos personas fallecidas de ese municipio, así como tampoco sobre la afectación que tuvieron las familias principalmente de estas dos comunidades.

“No nos permiten regresar a nuestras casas porque la contaminación todavía sigue; algunos estamos arrimados con nuestras familias en otras comunidades y otros se fueron a Lázaro Cárdenas a rentar”, aseveró.

Dijo que él personalmente acudió el sábado a la oficina de Quálitas, en Lázaro Cárdenas para saber cómo y cuándo van a indemnizar a los afectados, “todavía sigue habiendo gente con síntomas de dolor de cabeza, vómito, ardor en la nariz, garganta y los ojos; la aseguradora les da un pase para la clínica Morelia, pero de qué sirve si ese pase no tiene fondos para cubrir los gastos médicos; me dijeron que ellos me iban a llamar y es la hora en que no he recibido ninguna llamada”.

Agregó que hay 55 familias que dependen de manera directa de la acuacultura con la cría de mojarra y bagre, especies que no pueden comercializar.

“Nos dicen que tienen que pasar como tres meses para que se calme tantito la contaminación y ahorita nadie nos está comprando el pescado; en mi familia tenemos una granja de puercos, están vivos, pero contaminados, tampoco los podemos vender ni nos los podemos comer”, dijo.

Delfino manifestó que lo que les hace falta es agua potable, que el Gobierno les mandó una planta potabilizadora que establecieron en la comunidad El Águila, “pero no sirve de mucho porque no tenemos manera de transportar y almacenar el agua, la fueron a poner muy lejos, según porque allá no está contaminado, pero la mayoría somos familias de escasos recursos económicos, no ha sido de mucha ayuda; lo que sí nos ayudaría bastante es que nos ayuden con licenciados que sepan cómo hacerle para que la aseguradora se haga responsable y pague las indemnizaciones, eso es lo que más nos urge”.

Advirtió que las familias afectadas decidieron dar un plazo de una semana para que la aseguradora, así como la empresa SIMSA y la propia empresa que tiene la concesión de la autopista les respondan por las afectaciones y daños sufridos, de lo contrario, advirtió, llevarán a cabo acciones drásticas.

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Por otra parte el Presidente Municipal perredista, Crescencio Reyes Torres, manifestó que durante el fin de semana acudieron biólogos para hacer un estudio de impacto ambiental en los cuerpos de agua cercanos a la zona donde ocurrió el derrame de amoniaco y que en coordinación con el Gobierno estatal, se está haciendo un recuento de los daños (censo).

“No sólo de las personas muertas, sino también revisando quiénes perdieron animales de granja y poder reparar en algo, no es el tema de una indemnización, es la solidaridad del Gobierno del estado y el Gobierno municipal con las familias que ahora están en desgracia”, aseguró.

Continuó, “yo sé que de repente dicen ‘lo están magnificando’, que se vengan, que revisen, que se analice y sólo pedimos lo justo para quienes sufrieron este terrible accidente (…) ahorita hay un daño, hay pérdida de vidas, de animales, de plantas, eso es lo que se tiene que revisar, lo que ya se dañó y no sacar provecho de la pérdida de un familiar, no creo que haya gente que sea capaz de decir que se le quiere sacar provecho porque se le murió un padre o un hijo a una persona, es un daño muy fuerte, la gente está desesperada y han decidido tomar la caseta”.

Declaró la falta de dependencias federales como la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) en la zona del derrame para hacer los estudios correspondientes

“Darle más tranquilidad a la gente, nosotros no nos hemos despegado, ahí estamos todos los días y lo vamos a seguir haciendo, es lo menos que podemos hacer, dar la cara y lo que no comparto es que se quieran minimizar las cosas, que se les hable tal cual son”, acotó.

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