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Piden intervención del Gobierno Federal para evitar restricción de movilidad en Coahuila

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios emitió un pronunciamiento en donde condena el decreto que entró en vigor el pasado 25 de abril en Coahuila, en donde se advierten sanciones en contra de las personas que anden en la calle injustificadamente.

«Consideramos que tanto el decreto como el Decreto como las otras acciones mencionadas son una grave violación a los Derechos Humanos de las personas que viven en el estado de Coahuila. Este tipo de decretos dan paso al uso excesivo de la fuerza y a la arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas que ejecutarán este Decreto», sentenció el comunicado.

El Centro avecindado en la ciudad de Saltillo, hizo un llamado  a solidarizarse, apoyarse de manera mutua y trabajar en pro de la mitigación de la epidemia y añadieron que, ante la debilidad del Estado, en los ciudadanos está la respuesta y la solución para poder salir adelante.

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Por otra parte, el comunicado terminó con un llamado enérgico al Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobernación para que presenten una controversia constitucional que invalide el decreto firmado por el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

«Llamamos al Gobierno Federal, en específico al Presidente de la República y Secretaría de Gobernación a actuar dentro de los marcos jurídicos aplicables y ejercer una controversia constitucional en contra del Decreto emitido».

Cabe destacar que el artículo 29 de la Constitución señala que sólo el Presidente de la República, bajo la aprobación del Congreso, tiene la facultar de emitir medidas de restricción, sin embargo, en Coahuila y en otras partes del país los gobernadores son quienes han tomado este tipo de decisiones.

«Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la
Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en
todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen
obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un
tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión
se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose
el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el
Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará
de inmediato al Congreso para que las acuerde.»

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