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Revelan posible conflicto de interés de Édgar Sánchez, diputado de Coahuila

Participación Ciudadana 29, organización de la sociedad civil lagunera, emitió un pronunciamiento para señalar un posible conflicto de interés de Édgar Sánchez Garza, diputado local por el distrito IV de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

En el comunicado, la asociación detalló que Sánchez Garza es familiar sanguíneo de los dueños de la empresa Industrial de Asfaltos y Pavimentos S.A de C.V, que actualmente funge como proveedora del Gobierno del estado de Coahuila.

Aunque los activistas no señalaron ni especificaron algún acto irregular por parte de Sánchez Garza, sí aclararon que, con respecto a la «guía para identificar y prevenir conductas que puedan constituir conflicto de interés de los servidores públicos», publicada por la Secretaría de la Función Pública y con base en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, podría estar incurriendo en un conflicto de interés, ya que su relación familiar con contratistas del Gobierno del Estado se presta a malas interpretaciones.

La recomendación de la Secretaría de la Función Pública dice lo siguiente:

“Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. Igualmente, en el mismo artículo se establece que todo servidor público deberá “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

En respuesta, Édgar Sánchez, a través de redes sociales, replicó la información publicada por PC29. En ella, comentó que, aunque sí haya trabajado en dicha constructora, él fue un empleado más. Aclaró que es sobrino de los dueños y que no tiene relación con ellos. Descartó cualquier posibilidad de caer en un conflicto de interés porque, aunque preside la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte del Congreso, ésta no se encarga de asignar obra pública.

Por último, la organización de la sociedad civil exhortó al Congreso del Estado de Coahuila, así como al Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, a que revisen exhaustivamente los perfiles de las personas que se van incorporando a la función pública estatal para que descarten a quienes, por su trayectoria y antecedentes, podrían incurrir en un conflicto de interés que ponga en duda la legitimidad de la administración pública.

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