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Secretaría de Hacienda difunde lista de presuntas empresas fantasma

Información vía Vanguardia

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado a conocer este lunes una lista de presuntas empresas fantasma, constituidas por contribuyentes a quienes se les detectaron comprobantes fiscales con irregularidades.

Las empresas efectuaron lo que Hacienda considera facturación de operaciones inexistentes, que es la prestación de servicios o la producción de bienes para los que no tienen la capacidad necesaria.

La primer lista la conforman 74 contribuyentes a quienes la SHCP les notificó un oficio por presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales (empresas fantasmas), procedimiento ante el cual interpusieron medios de defensa.

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La segunda lista está constituida por 73 contribuyentes a quienes se les notificó un oficio individual de presunción debido a que se detectó una posible emisión de comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Deberán presentar información

Quienes conforman este último grupo contarán con 15 días hábiles como plazo para presentar un escrito en el que proporcionen documentos e información que lleven a desvirtuar lo emitido por Hacienda.

El dictamen reformó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Y señala que cuando tres o más personas se organicen para cometer delitos relacionados con el contrabando y defraudación fiscal, serán sancionados como miembros del crimen organizado. La misma sanción aplica para quienes expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La modificación de la ley contempló el aumento de las penas. Por lo que ahora las personas que adquieran facturas falsas para dar validez a operaciones inexistentes podrán pasar de cinco a ocho años de prisión. Si el delito es cometido por un funcionario público, éste será separado de su cargo y será inhabilitado por un máximo de 10 años.

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