El colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 300 organizaciones civiles y ciudadanos de a pie, difundió un comunicado de prensa en el que detalló la poca apertura que tuvo y ha tenido el gobierno federal para entablar un vínculo de comunicación con el objetivo de construir un sistema de seguridad más eficiente y que termine, de una vez por todas, con la guerra que, según el documento, inició hace más de once años.
«La promulgación de la Ley de Seguridad Interior ha complicado el camino. Los espacios de diálogo para que sociedad y tomadores de decisiones construyéramos conjuntamente las soluciones a nuestra crisis de seguridad, fueron negados en el Congreso. De igual manera se ignoró el exhorto que hiciera el Presidente de la República, a no aprobar la Ley sin escuchar a la sociedad civil.» Citó el documento.
Una consecuencia negativa que ya tuvo efecto en el país, según el colectivo, es lo sucedido en Cholula, Puebla, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional canceló el convenio de colaboración que tenían para la vigilancia de carreteras, negando, además, alrededor de mil cartillas militares a jóvenes nativos y residentes del municipio poblano.
Por otra parte, #SeguridadSinGuerra respaldará «plenamente» la Controversia Constitucional presentada por el Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, porque las razones que planteó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fundamentan totalmente la invasión que la Ley impone a la soberanía de los estados de la república y exhibe la vulneración a la propia Constitución.
«Es esperanzador saber que aún hay funcionarios que están dispuestos a cumplir con su deber, aún en un entorno político hostil y a pesar de las presiones que, desde distintos espacios, buscan socavar el orden constitucional en nombre de una estrategia fallida que nos tiene sumidos en una epidemia de violencia sin precedentes.» Finalizó el comunicado.
La Suprema Corte aún no ha dictado sentencia sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley de seguridad interior, pero desde su promulgación, le han presentado más de un decena de controversias por considerar, entre otras cosa, que vulnera los derechos humanos y el derecho a la información de los mexicanos.
