El pasado 10 de abril la cámara de diputados aprobó la Ley General de Comunicación Social que fue construida a partir de la presión que Organizaciones de la Sociedad Civil imprimieron por medio de un amparo que recibió y aceptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Partido Nueva Alianza tomaron el proyecto y edificaron la iniciativa que pretende dar origen a la nueva ley general de comunicación social que también fue bautizada por las mismas organizaciones de la sociedad civil como #LeyChayote, por institucionalizar las malas prácticas en cuanto a la contratación de publicidad oficial para los medios de comunicación.
Al medio día de este jueves, el Senado de la República turnó la minuta a las comisiones de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos de Primera para que comiencen a analizar la propuesta emanada de la cámara de diputados.
La fecha límite que impuso la Suprema Corte para que la ley sea promulgada es el 30 de abril de este año, esto gracias a un amparo que presentó la organización defensora de los derechos de periodistas y activistas, Artículo 19.
Por otra parte, el colectivo #MediosLibres formuló un decálogo en donde desarrollaron los puntos que los legisladores debían considerar para la construcción de la ley. En cambio, los congresistas del bloque PRI – Partido Verde – Nueva Alianza no tomaron en cuenta las observaciones y desarrollaron una propuesta totalmente diferente.
Fue tal el desagrado y el descontento de las organizaciones de la sociedad civil, que han promovido a través de las redes sociales y del mismo colectivo Medios Libres el hashtag #LeyChayote para dar a conocer que los diputados sólo estarían legalizando la compra de líneas editoriales, la autopromoción, y la discrecionalidad en la aplicación de los recursos para la publicidad oficial.
