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Shamir Fernández presenta iniciativa riesgosa para la ciudadanía

El pasado 12 de septiembre, el Diputado Local y Presidente del PRI en Torreón, Shamir Fernández Hernández, presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza en la que se reformula el concepto de defensa legítima privilegiada.

Esta iniciativa tiene como finalidad permitir que una persona, en defensa propia, pueda matar a quien ella considere que ponga en entredicho su seguridad, la de su familia o allegados y que penetre o intente penetrar a su domicilio o negocio.

El Artículo 60 del Código Penal dice:

«También se considerará que obra en defensa legítima, quien cause cualquier daño a quien sin derecho y por cualquier medio que apareje peligro para quien lo causa o para terceros, penetre o revele la posibilidad de penetrar al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, su familia o cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias, o al sitio donde se encuentren bienes propios, o bien ajenos respecto de los que tenga la misma obligación.»

Es decir, la legítima defensa indica que, con tal de defenderse de un peligro latente, el afectado puede causarle daño al asaltante o a la persona que esté poniendo en entredicho su seguridad y/o la de sus allegados y familiares.

Con la iniciativa de reforma propuesta por el Diputado Fernández, el artículo quedaría de la siguiente manera:

«También se considerará que obra en defensa legítima, salvo prueba en contrario, quien cause cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro,  a quien sin derecho y por cualquier medio que apareje peligro para quien lo causa o para terceros, penetre o revele la posibilidad de penetrar al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, su familia o cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias, o al sitio donde se encuentren bienes propios, o bien ajenos respecto de los que tenga la misma obligación.»

El pasado 1 de junio esta misma reforma fue aprobada en Nuevo León, a raíz de esto, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, escribió en un artículo para el Diario El Universal titulado «NL se reconoce en seguridad y claudica», que esta medida es una justificación para avalar el homicidio a un posible agresor, es decir, es una manera de legalizar la aplicación de justicia por cuenta propia.

Rivas cuestiona la reforma porque, según él, ya no tendría caso pagar policías, ministerios públicos, jueces, péritos porque la justicia estaría en la mano del ciudadano.

Según el índice global de impunidad 2016, realizado por la Universidad de las Américas,  Coahuila es el séptimo estado de la república con niveles más altos de impunidad, con un 72.93%.

Con esta iniciativa con proyecto de decreto en discusión, no sólo no se busca bajar los niveles de impunidad por medio de la impartición y administración de justicia, sino que se estaría permitiendo que un crimen quedara sin la sentencia de un juez ya que existe la posibilidad de que el agredido termine con la vida del agresor.

Para el mismo Rivas esta medida que tomaron los legisladores de Nuevo León fue basada en la ignorancia y superficialidad, ya que la respuesta de ellos ante la violencia, fue más violencia.

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