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El papel de los ciudadanos en el combate a la corrupción

“El cambio está en uno mismo” es una frase que, a fuerza de repetirle y escucharla por todos lados, parece que ha perdido sentido, se vuelve vacía cuando no se le provee de un contexto o se le limita a la literalidad de las palabras que la conforman.

Sí, para combatir a la corrupción, debemos hacer cambios desde lo individual: dejar de cometer actos ilícitos y esperar ser cobijados por la impunidad. Pero dejar de tirar papeles fuera de la basura, o decir que no al moche del oficial de tránsito en la ciudad no representará un cambio estructural en las formas en que el poder o la política configuran sus relaciones, por sí mismos.

Cambiar no sólo el comportamiento, sino la conciencia de nuestro hacer político cotidiano, en colectivo, sí representaría una afrenta significativa a la corrupción del sector público y el privado también. No uno ni unos cuantos, sino todos los ciudadanos o la gran mayoría, debemos pensar y repensar nuestro papel en la permisión de actos a pequeña y gran escala de corrupción.

La clave, según Osvaldo Luis Lapuente, oficial político de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, está en que los ciudadanos aprendamos a ejercer nuestros derechos. Tan simple como suena y tan complejo como en realidad es.

Ejercer nuestros derechos implica conocerlos, y esa tarea la hemos delegado en la educación básica y las que sigan, para quienes gozan del privilegio. Conocer, por ejemplo, que existen derechos humanos con los que todos nacemos, aunque la cotidianidad nos haya acostumbrado a interpretar que su ejercicio depende de nuestra condición social. Comer, vestir, disfrutar, no deberían de ser privilegios, y hay un Estado que debería acostumbrarse a garantizar estos derechos.

Los laborales, por ejemplo, son derechos a los que la condición económica familiar también nos ha empujado a renunciar en mayor o menor medida. Jornadas dignas, salarios justos, trato humano, etc. Parecieran ser condiciones excepcionales cuando son, en realidad, un derecho.

Para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, por parte de la autoridad, podemos comenzar por organizarnos. En la familia, en el barrio, en la ciudad: pavimento, agua potable, drenaje, alumbrado… oferta de empleo digno, oportunidades de desarrollo personal y profesional… acceso a la cultura, al esparcimiento, y más.

Existen organizaciones de la sociedad civil que se han constituido con la premisa de ejercer derechos que el Estado ha fallado en otorgar: tratamientos de salud, cuidado del medio ambiente, participación ciudadana, etc. Podemos acercarnos a las que ya existen u organizarnos con otros que hayan detectado la misma necesidad. Así, el cambio sí estaría en uno mismo, y en todos los demás.

 

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