¿A poco no te genera incredulidad y desconfianza el discurso oficial? Ese que pregona la consolidación democrática del país y presume el gasto público para garantizar la limpieza y credibilidad de los procesos electorales mediante instituciones sólidas que cuentan con la participación de la ciudadanía y la pluralidad de partidos políticos que representan a las diversas corrientes ideológicas. Pero la percepción social no coincide con esa visión gubernamental, ya que el costo de partidos, procesos e instituciones electorales es muy alto frente al escaso beneficio que el multimillonario gasto acarrea a la vida democrática nacional.
Pero la democracia va mucho más allá de la participación ciudadana en las elecciones, que son apenas el punto de partida. El poder del pueblo, que es el significado etimológico de la palabra democracia, debe hacerse valer en todos los ámbitos de la vida pública, sobre todo en el quehacer gubernamental, en el que los ciudadanos, al menos en teoría, somos los que mandamos y los gobernantes quienes deben obedecernos; pero en la práctica es todo lo contrario, lo que explica la decepción de la mayoría de los mexicanos hacia el régimen imperante.
Los datos que arroja el Índice de Desarrollo Democrático de México 2017, recientemente publicado, revelan el retroceso de nuestro país en ese rubro, ya que la democracia disminuyó ante la prevalencia de la desigualdad, violencia y corrupción. El promedio nacional del Índice es de 4.7 puntos, 8 por ciento menor que en 2015, debido a los bajos resultados en esos tres rubros. En la presentación de la séptima edición del Índice quedó claro que la violencia limita los derechos, la corrupción va de la mano con la impunidad y la pobreza está en un nivel de 50%, por lo que así no puede haber democracia.
Los mexicanos llegan al proceso electoral de este año con poca confianza en las instituciones gubernamentales y en la democracia. Prueba de ello es que el 89% de los encuestados considera que la corrupción en el gobierno es generalizada; 61% no cree en elecciones libres y justas; 72% cree que el gobierno genera un ambiente hostil para la prensa; 78% considera que la violencia está presente en su entidad y 56% cree que hay desigualdad de oportunidades y explotación económica.
Sin una ciudadanía informada, exigente y participativa no se puede aspirar a ser una nación democrática ni se logrará contar con una clase gobernante eficaz, honrada y con espíritu de servicio. Una comunidad apática e indiferente que no se conmueve y se cruza de brazos ante la corrupción desbordada, la violencia sin freno y la creciente desigualdad económica y social estará siempre condenada a vivir en una democracia en crisis. ¿A poco no…?
