Portada Reportaje
Image default
Columnas Destacadas

¿A poco no…? Estados reprobados en materia de obra pública

¿A poco no es ningún secreto que el sector de la construcción es donde la corrupción gubernamental más ha sentado sus reales? Esto, gracias a lacras como el amiguismo, el compadrazgo, los intereses políticos y económicos, los “moches” de constructores a funcionarios para asignarles las obras, que son mal planeadas, ejecutadas, no supervisadas, entregadas a destiempo y con costos muy superiores a los presupuestados originalmente, lo que genera vicios ocultos, daños estructurales, puentes que se derrumban, carreteras y edificios que se cuartean, socavones y un largo etcétera.

En materia de construcción de obra pública, vivimos en un país donde hay buenas leyes que no se cumplen y malas leyes que se cumplen cabalmente, como lo advirtió el IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, en el marco de la presentación del Índice Legal de Obra Pública: Evaluación de la calidad del marco jurídico estatal, cuya conclusión es que México requiere de un marco jurídico para desarrollar infraestructura que cumpla con altos criterios de calidad, y el primer paso para lograrlo es revisar –pero sobre todo, hacer que se cumpla- la legislación.

Resulta lamentable que los estados evaluados hayan reprobado en la calificación para garantizar el buen desarrollo de la obra, cuyos índices son: competencia, finanzas sanas, fiscalización, planeación, supervisión, ejecución, aplicación de sanciones, transparencia y tecnología avanzada. Se evaluaron las 15 entidades con mayor población y ninguna cumple con los requisitos mínimos. En el caso de Coahuila, el informe señala que la ley de obra pública no cuenta con reglamento, lo que provoca una regulación deficiente en la materia y la pulverización de normas administrativas.

Además, ningún estado analizado cumple con: realizar investigación de mercado previo al concurso, incorporar prácticas que fomenten la competencia, permitir modificaciones al contrato solo por debajo del 10%, digitalizar y publicar la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra y conservar la información por lo menos ocho años. Así, sin leyes claras y completas, siempre habrá espacios para la discrecionalidad en la obra pública y, por ende, para la corrupción, que todos saben que existe pero nadie hace nada para erradicarla.

El gobierno en sus tres poderes y niveles tiene un largo camino por recorrer para revertir los daños que generan los vicios ancestrales en el ramo de la obra pública, de cuyo presupuesto, entre 20 y 30% se desperdicia en corrupción por desvío de recursos y carencia de un plan de infraestructura, así como de informes y bases de datos confiables que indiquen todo lo que se ha derrochado en dichas construcciones, en las que los costos superan por mucho los beneficios para su funcionamiento, a ciencia y paciencia e, incluso, complicidad y contubernio de funcionarios corruptos e ineficientes, quienes son los causantes directos de que los estados estén reprobados en materia de obra pública. ¿A poco no…?

 

 

Artículos Relacionados

Adjudicación directa; modelo favorito del Ayuntamiento de Torreón en 2022

Editorial

Costo del Sistema Vial Cuatro Caminos subirá de 410 a 500 millones de pesos

Editorial

Coahuila sólo invirtió el 4.71% de su presupuesto en obra pública

Editorial
Cargando....