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El Sistema Estatal Anticorrupción, otro fraude (Parte II)

Después de haber explicado brevemente qué es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los derivados de éste para las entidades federativas (SEA), veamos al caso concreto del SEA Coahuila, al que mantienen con vida más o menos artificial, ya que se puede concluir que nació muerto.

Se tratarán, de sintetizar las “acciones” supuestamente apegadas a las leyes que se hicieron a modo para este propósito como el origen legal del SNA, que se basó en 7 leyes nacionales para buscar combatir las prácticas deshonestas de servidores públicos, o sea:

1.-Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para coordinar las instituciones que  la conforman.

2.- Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3de3).

3.- Adecuaciones al Código Penal Federal.

4.- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

5.- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

6.- Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

7.-Adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En Coahuila se tuvieron que hacer las adecuaciones correspondientes, y en su caso las modificaciones a la constitución del estado. El problema fue que se hicieron en la totalidad opacidad.

Inocentemente y debido a la promesa de Rubén Moreira de crear un SEA para Coahuila con la participación activa de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, de que éste se haría con la mayor apertura, transparencia y parlamento abierto, cosa que no sucedió, como se dio a conocer en su momento por las 109 organizaciones que formaron la Alianza Anticorrupción Coahuila, que incluía entre otras al Frente Anticorrupción Laguna conformada por una veintena de organizaciones de la Región Lagunera ahora llamada Red Lagunera Contra la Impunidad y la Corrupción (RELACIC).

La mayoría priista aprobó la reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, con acuerdos como el nombramiento de magistrados por 15 años, del Tribunal de Justicia Administrativa, y sin evaluar los perfiles del Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción aceptando lo que Rubén Moreira determinó. Si bien la aprobación de estos perfiles deberían estar a cargo del Congreso del Estado.

En cuanto al auditor superior del estado, como se mencionó, no solo se ratificó a Armando Plata, sino que se amplió su nombramiento por 9 años más, por la intervención de Moreira, aun cuando éste depende directamente del Congreso.

No fue creada la fiscalía especial contra delitos electorales, los secretarios del ejecutivo del estado y los responsables de los organismos descentralizados solo comparecerían si el gobernador lo aprueba, o sea nada de transparencia y la división poderes desaparece.

En Coahuila, todo se hizo dentro del Congreso, en poco tiempo, y no hay una fuente de información accesible y clara para entender y conocer la metodología y criterios para seleccionar los integrantes del SEA.

Como el espacio no da para analizar todas las anomalías, pues cada uno de los organismos y sus componentes requerirían un amplio análisis, solo veremos cómo quedaron la Comisión de Selección y que a su vez elige a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que es la única representación ciudadana en este sistema de siete componentes. La Comisión de selecció está conformada por 9 ciudadanos, 5 académicos y cuatro de la sociedad civil, sin embargo los integrantes del mismo son individuos ligados y comprometidos con Rubén Moreira.

Sólo queda comparar y hacer sus propias conclusiones acerca de la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción.

Los primeros cinco de instituciones de educación superior:

1. Carlos Alberto Arredondo Sibaja:  UAC, Consejero IEPCC 2006-2015, Vocero de la Comisón,.
2. Luis Alfonso Carrillo: Director del Hospital Universitario Saltillo.
3. María del Carmen Ruíz Esparza Contreras: Subsecretaria de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila.
4. Jesús Contreras García:  UTC.
5. Blas José Flores Dávila: ex rector de la  UAdeC, hoy Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado.

De la “sociedad Civil”

1. Ana Cecilia Mata Rodríguez:  KAENA Mujeres con Valor.
2. Sergio Fernando Alanís Ortega: Canaco Torreón.
3. Jesús María Ramón: Empresario.
4. Luis Fernando García Abusaid: CEEPS Coahuila.

No vale la pena ningún comentario, cada quien juzgue por sí mismo, ya que estos individuos encabezados por Arredondo Sibaja, como vocero del mismo, seleccionaron al Comité de Participación Ciudadana (CPC) ,que como se mencionó, llevará la voz ciudadana ante el SEA, conformado por otras seis dependencias que se listaron en el artículo anterior.

Ahora juzgue la representación ciudadana CPC:

José Manuel Gil Navarro, quien informó en una declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en 2014, contar con 14 años de antigüedad en el Servicio Público. El 16 de noviembre del 2004 fue creado el ICAI, fecha en la que Gil se integró como parte del consejo, tres años después, el 26 de febrero del 2007, asumió la presidencia del Consejo General con una gestión de dos años. Después se integró como consejero en el Instituto Electoral y de Participación ciudadana de Coahuila hasta el 2015.

Ana Yuri Solís Gaona, designada a formar parte del CPC por dos años, trabajó en la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado durante dos años, desempeñándose como directora de Planeación, además de formar parte hasta la actualidad del Clúster de Energía Coahuila, como secretaria técnica, lo anterior en información descrita por la misma consejera en su declaración de intereses.

María de Lourdes Koster López, Periodista, ha colaborado en Vanguardia y El Zócalo, entre otros medios, formará parte del CPC durante tres años.

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, elegido para un periodo de cuatro años, a cuya empresa Promotora Bersa S. De RL de CV, la administración municipal de Torreón le entregó al menos cuatro contratos por 7 millones 958 mil 817.11 pesos durante la gestión de Miguel Riquelme, según la misma fuente de Vanguardia.

En el mismo documento, Carlos Rangel Orona, el consejero con mayor tiempo designado, cinco años, informó ser titular de la notaría número 40 del Distrito Judicial de Torreón, contradiciendo a la ley de notariado del estado que en su artículo 6 señala la incompatibilidad para desempeño de “cargos de funcionario o empleado” en organismos descentralizados del Gobierno Federal o estatal, Tal como lo informó VANGUARDIA el 3 de octubre del presente año, Rangel Orona habría sido beneficiado por el Gobierno actual con un fiat notarial en 2016.

Conclusión, al igual que muchas de las instituciones creadas por el gobierno estatal , solo fueron hechas para “cumplir con la ley” pero como ciudadanos de a pie no vemos resultados y mucho menos que nos beneficien.

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