¿A poco no te has puesto a pensar en las múltiples causas que generan el deterioro de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia? Entre ellas, destacan: corrupción e impunidad, negligencia, ausencia de imparcialidad, violaciones a derechos humanos, ineficiencia, incapacidad y un largo etcétera que, además de mantener el ancestral rezago que hemos venido padeciendo en esta materia, han sido obstáculos, hasta hoy insalvables, para la transición hacia el nuevo Modelo de Justicia Penal Acusatorio. La fotografía actual de lo que se vive en el país revela la magnitud del problema:
No hay titular de la PGR ni fiscal federal anticorrupción; el titular de la Fepade que le seguía la huella al dinero de Oderbrecht en la campaña presidencial de 2012, fue destituído; el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías señala que en México no se resuelve ni el 1% de los delitos y la cifra negra es de 94%; en el ámbito local ni Coahuila ni Durango destacan en los indicadores básicos para el buen desempeño del nuevo Sistema de Justicia Penal, y un ejemplo es el número de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes: ambos estados tienen menos de 10, mientras que Chihuahua tiene 23.7.
Otra de las injusticias de la justicia es el hecho de que el SAT no pudo cobrar más de 11 mil 500 millones de pesos (mmdp) de sanciones económicas a funcionarios, argumentando que no tenían dinero para pagar, lo que generó la justificada inconformidad ciudadana que cuestionó ¿por qué a ellos no se les envía a la cárcel como si lo hace la autoridad a empresarios que evaden o incumplen sus obligaciones fiscales? Desde la creación de la Secretaría de la Función Pública se han levantado sanciones económicas contra funcionarios por 35 mmdp, de los que sólo se han pagado 158 millones, es decir, ni el 0.5%.
Pero además, la justicia fiscal es selectiva y discrecional, porque su drasticidad sancionatoria no llega a grandes empresas nacionales y trasnacionales ni a influyentes consorcios televisivos, que recuperan miles de millones de pesos de impuestos y evaden cantidades multimillonarias de cargas tributarias, lo mismo que han hecho empresarios, políticos, artistas y deportistas mediante paraísos fiscales, como lo revelaron las investigaciones denominadas Panama y Paradise Papers.
La justicia implica la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos para darle a cada quien lo que por ley le corresponde, pero en nuestro país, no pocos de los que tienen en sus manos su aplicación, incurren en actos de injusticia. Y no se diga en el caso de políticos que caen en la ilegalidad, porque si Benito Juárez decía: “A los amigos: justicia y gracia, y a los enemigos: justicia a secas”, en la actualidad, los primeros gozan de impunidad total y los segundos son víctimas de venganza implacable. Así son las paradójicas injusticias de la justicia. ¿A poco no…?
