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El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana en Torreón y su retroceso vulgar hacia las dictaduras libertarias

«¡Un napoleón más!», había dicho Charles Baudelaire cuando quedó Napoleón III en el trono, devolviendo a la dinastía napoleónica el poder de Francia. En ese entonces el emperador proclama, con todos los dientes, que le era fiel a la Constitución y a la República Democrática, que le era fiel a la participación de los plebeyos en la política de un imperio Francés de los mil ochocientos cincuentas. Con esa proclamación, los gobernantes decidieron construir algo llamado dictadura libertaria, o dictadura liberal, o liberalismo autoritario, en donde hacían creer a los habitantes que tenían derecho a la opinión pública, que tenían virtud de participar abiertamente en la política y que les era por ley justo congregarse en asociaciones civiles y tomar decisiones de tinte comunitario.

Con esas proclamaciones bien alzadas, el gobierno del emperador podía presumir de su constitución y de sus labores humanitarias, podía decir que era un imperio liberal y que habían dejado atrás la dominación anticuada y el abuso de poder excesivo. Y sí, los franceses tenían derecho a hacer reuniones políticas civiles, a opinar y a hacer movilizaciones públicas de expresión, pero no, no tenían absolutamente ninguna cuchara en el pastel del Imperio. Es por eso que las dictaduras libertarias se hicieron muy populares, porque daban al pueblo la apariencia de ser libres, pero, en realidad, sólo les era permitido expresarse hasta el punto de que pudieran»sentir» que están haciéndolo, de ahí en más  los ciudadanos sólo funcionaban como cálices del sufragio y trabajadores de la Monarquía.

Casi después de doscientos años de este método político, en México, en Torreón, se publica el proyecto de actualizar el Reglamento de Participación Ciudadana Municipal, propuesto por el ayuntamiento de la ciudad cuyo líder es Miguel Ángel Riquelme Solís, o también, Napoleón III.

El ayuntamiento propone un reglamento napoleónico que pretende «respetar los derechos de los ciudadanos y de los habitantes del municipio» y «sin perturbar ni afectar el orden constitucional o legal, la tranquilidad pública o el derecho de terceros», incita al pueblo a participar y organizarse comunitariamente para hacer valer los «derechos reales, efectivos, igualitarios y democráticos». Claro, mientras dichos derechos se vean incrustados en el limbo burocrático de la gobernación y del papeleo «indulgente y necesario».

El nuevo Reglamento enfatiza la encarcelación del derecho constitucional de libre expresión y de libre asociación coartando de los brazos a todos aquellos que intenten alborotar a la ciudadanía. Con esta novedad es que los gobernantes se lavan las manos incitando a la gente a formar asociaciones pero, a la vez, decidiendo ellos quiénes son los grupos que se pueden formar y para qué, y si no cumplen sus requisitos, terminarán depositados en el baúl de la ilegalidad para luego ser abusados bajo la justificación de estar violando los dictámenes de la ley.

Mientras tanto, los dirigentes se salvaguardan a ellos mismos con la regla de que, en esta libertad, no se puede solicitar de ninguna manera la destitución de sus puestos políticos.

La libertad democrática debe de ser sin reglamentos, debe de permitir la total apertura a cualquier asociación civil que tenga en mente una intención política o una participación u observación sobre el manejo gubernamental de una entidad, eso es lo que es la total libertad. Difundir esta intención de control indirecto es importante, para que la voluntad de mejora pública de algunas asociaciones no se vea plagada de actos aparentemente ilícitos y de injusticias contra la autonomía ciudadana. No es posible considerar volver doscientos años atrás a repasar los mismos errores y dejar que esto sea un Napoleón más, otra dictadura disfrazada de promesas y de libertad proclamada.

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