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Estado mexicano condenado por desaparición forzada por la Corte Interamericana de DDHH

21 de Diciembre 2018, México.

Ayer se ha notificiado a las partes demandantes la condena que el Estado mexicano debe cumplir por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera; siendo los culpables las fuerzas militares al servicio del país. Esto, en el marco del caso Alvarado Espinoza y Otros vs México, que llevaba la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde la denuncia interpuesta en 2009.

El 29 de diciembre 2009, Nitzia Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado fueron detenidos en dos momentos distintos por un grupo de entre 8 y 10 militares quienes les subieron a vehículos particulares y les desaparecieron. Esto sucedió en el Ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, estado de Chihuahua. La esposa de José Ángel y su hija de 9 años presenciaron los hechos en cuanto a José Ángel y Nitzia Paola Alvarado Espinoza. Por su parte, Rocío Irene fue desaparecida en su hogar, ahí estaban la madre, la hija de dos años y los hermanos, de 11 y 13 años.

Según el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, organización que se involucró en el caso, la familia de los desaparecidos presentó más de una decena de denuncias a diferentes instancias mexicanas, incluyendo a la CNDH, pero ninguna dio respuesta de nada sobre las víctimas.

Dado que la acusación de violación a derechos humanos por parte de los familiares de las víctimas iba directamente contra el responsable del Operativo Conjunto Chihuahua, el General Felipe de Jesús Espitia, quienes buscaban a sus seres queridos se vieron en una situación amenazante que puso en peligro sus vidas y la integridad de sus hogares; algunos de ellos tuvieron que migrar a Estados Unidos para sentirse seguros del acoso que, ellos mismos atestiguan dentro del caso, no les permitía seguir con la búsqueda.

A partir de que la situación se agravó a tal nivel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió interceder por las víctimas y sus familias, solicitando medidas provisionales mientras durara la investigación de lo sucedido.

8 años después, se ha expedido sentencia y el estado mexicano ha sido declarado «internacionalmente responsable» por la desaparición forzada de Nitzia, José Ángel, Rocío Irene «en violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal establecidos, respectivamente, de conformidad con los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de la misma, así como en el artículo I. a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas».

Además, la CIDH dictaminó que México no actuó como debió actuar ante las denuncias de desaparición que las familias presentaron; siendo responsables de los atrasos en las investigaciones para encontrar el paradero de las víctimas; además de otras deficiencias en el proceso de cumplir con su deber como Estado de Derecho.

Así mismo, declaró que el estado de derecho también es responsable de las violaciones a los derechos humanos de los familiares de las víctimas, quienes recibieron amenazas, allanamientos y demás perjuicios personales.

Por lo tanto, la Corte emitió sentencias ineludibles para el Estado mexicano el 28 de noviembre 2018, entre las cuales debe cumplir con su deber de encontrar a las víctimas desaparecidas, de investigar y dar con los responsables del hecho, de brindar atención psicológica a las familias de las víctimas y a las víctimas, reconocer la responsabilidad de sus violaciones y fortalecer, en general, la estructura militar que permitió que sucedieran todos los delitos involucrados.

Según la corte:

«La Corte Interamericana supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el caso una vez que el estado haya dado cabal cumplimiento a los dispuesto en la Sentencia».

Al respecto, las organizaciones que estaban de apoyo en el caso han referido al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con los compromisos que conlleva la sentencia de la Corte Interamericana.

«También nos sumamos a los llamamientos urgentes al Congreso de la Unión para modificar adecuadamente el Código de Justicia Militar y a no adoptar una reforma constitucional que sea contraria a los estándares establecidos por la Corte IDH en materia de seguridad ciudadana. Ello debe entenderse como una medida de no repetición fundamental», escriben las organizaciones Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Mexicanos y Mexicanas en el Exilio.

Más información en el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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