El pasado 9 de junio se dio a conocer que el ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, se iba a declarar culpable por uno de los tres delitos que le achaca la justicia norteamericana.

El plazo llegó y, efectivamente, Torres López aceptó haber recibido 733 mil dólares como medida de soborno para asignar contratos de obra pública a Luis Castillo Cervantes, mejor conocido como “El Rey de los Dragones”.

La jueza Nelva González, responsable del proceso jurídico, dictará sentencia el próximo mes de septiembre y se supo que la condena podría ir desde los 3 años en libertad condicional y 100 mil dólares de multa hasta 20 años en prisión y 500 mil dólares como reparación del daño.

Torres López fungió durante la administración de Humberto Moreira como Secretario de Finanzas y Secretario de Desarrollo Social. Él era uno de los hombres de confianza del profesor y por ello se le delegó la responsabilidad de tomar las riendas del estado cuando Moreira obtuvo la presidencia nacional del PRI.

Este contexto ayuda a dibujar el panorama de la importancia que tiene Torres López para construir la serie de hechos de corrupción que abonaron a la edificación de la megadeuda estatal, entre otros hechos.

Al haber triangulado dinero del erario hacia cuentas en Estados Unidos, la justicia norteamericana fichó a Torres López y solicitó su extradición. Tras meses en cautiverio, en el escenario más optimista, a cambio de una generosa fianza, que no se asemeja a lo que presuntamente malversó, podría salir en libertad probatoria.

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Por una parte, en 2017 las autoridades coahuilenses determinaron no ejercer acciones penales en contra de Torres porque los delitos por los cuales estaba siendo investigado prescribieron, es decir, caducaron. La impunidad fue la vencedora sin mayores complicaciones. La voluntad por sancionar a quienes defraudaron al pueblo de Coahuila fue solamente una vil y lastimera fachada.

Por otra parte, en Estados Unidos asumieron la posición de justicieros. Las primeras acusaciones señalan que Torres López pudo haber desviado hasta 6.7 millones de dólares a través de instituciones financieras norteamericanas hacia el paraíso fiscal de las Bermudas, sin embargo, todo parece indicar que por ese delito no será sancionado.

Así como en la vida y en los negocios se llegan a acuerdos para que todos salgan beneficiados, en Estados Unidos los delitos de esta índole tienen precio. Basta recordar el FIFA Gate para entender que, en un principio, el FBI se interesó en el pago de sobornos y desvíos de recursos que hicieron dirigentes del fútbol sudamericano para obtener beneficios personales. ¿El resultado? Una recaudación millonaria en fianzas y la organización del mundial en conjunto con México y Canadá en 2026: negocio redondo.

En este caso, al ser Torres López un personaje de perfil bajo para las investigaciones que toma la justicia norteamericana, no sería de locos pensar que un acuerdo en donde se pague una fianza interesante y el acusado esté dispuesto a revelar información serán elementos suficientes para que pueda volver a disfrutar de su libertad.

Al final, si llegara a pagar los 100 mil dólares de multa, ¿qué tanto le podría afectar si en su primera acusación fue señalado por desviar casi 7 millones de dólares?

Afianzarse a al esperanza de que Torres López será el sapo que revele detalles importantes para que la justicia norteamericana vaya por Humberto Moreira es una aspiración que, por lo menos, no la podría bajar de ingenua.

¿La multa de 100 mil dólares podría significar la ruina de Jorge Torres López? La respuesta evidentemente es obvia. En un inicio, fue acusado por desviar 6.7 millones de dólares hacia un paraíso fiscal, sin embargo él se declaró inocente de ese cargo. Además, de acuerdo con el Registro Público del Comercio es accionista de dos empresas de cortes totalmente diferentes pero bastante lucrativos.

Una de ellas es Tecnopolimeros S.A de C.V, constituida legalmente en Monterrey el 3 de julio de 1980 y dedicada a la compra-venta, importación, exportación, desarrollo y comercio de productos químicos.

La segunda es Ganadería 2T S. de P.R, misma que constituyó en Puerto Vallarta, Jalisco, ciudad en donde casualmente fue detenido por las autoridades mexicanas.

¿Quién gana más en el caso judicial de Torres López? Definitivamente Coahuila, porque de llegar a un arreglo, todo quedará en una pesadilla de algunos meses para el político coahuilense. En Estados Unidos basta con cobrar una cuantiosa multa y darle carpetazo a la historia.

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