El 8 de julio del 2020 amanecimos con un título que principalmente llamó la atención de algunas personas que vivimos en el norte del país: “Frontera de papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México”. 

Esta investigación, elaborada por Miriam Ramírez, integrante de la organización Iniciativa Sinaloa y en alianza con el Border Center four Journalists and Bloggers, le dio luz a un fino esquema de desvío de recursos públicos que han emprendido los gobiernos de los estados desde hace varios años.

La nota es clara: de 2014 a 2019, gobiernos de estados y municipios fronterizos del norte de México facturaron, al menos, 2 mil 628 millones de pesos con 536 empresas fantasma.

¿Esto qué relación tiene con Coahuila? De acuerdo con la investigación, la entidad  facturó 745 millones 397 mil pesos con empresas de papel. Este número, la encumbró como el segundo estado fronterizo que más recurrió a este tipo de esquemas de presuntos desvíos de recursos. El primer lugar se lo llevó Tamaulipas, con mil 289 millones 513 mil pesos facturados y el tercero Nuevo León, con poco más de 284 millones de pesos. Casualmente, estas tres entidades conforman el bloque del noreste, opositor a las prácticas y decisiones que ha tomado el Gobierno Federal en torno a la pandemia y a la distribución de recursos.

Diálogo con la autora

Miriam Ramírez, autora de la investigación, explicó cómo fue que dieron con la información y cómo es que se maquinaron este tipo de fraudes.

“Este es un trabajo que se basa en la información que nos proporcionó el Servicio de Administración Tributaria a través de solicitudes de acceso a la información. Nosotros le pedimos al SAT que nos dijera qué gobiernos habían tenido operaciones con empresas fantasma, empresas que el mismo SAT detecta, investiga y las pone en una lista que está constantemente actualizándose”, comentó la periodista.

La periodista explicó qué tipo de servicios ofrecieron las empresas fantasmas, mismos que podrían ir desde proyectos tradicionales de obra pública, hasta compras inverosímiles.

“Son muy variados, hay servicios desde obras públicas hasta prestación de servicios como diseño de revistas, diseño de cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, cursos de capacitación, hay cursos para aprender a utilizar aplicaciones, remodelación de baños, compra de croquetas para perros, lo cual parece como algo gracioso. Lo que nosotros detectamos es que la mayoría de estos servicios son cosas que no son tangibles, que puede muy fácilmente no haber evidencia: la impartición de un curso o una asesoría o una capacitación, son servicios fáciles de simular, entonces estas empresas tienden a inventar este tipo de servicios”.

Este tipo de proyectos de investigación, no nacen de un día para el otro, merecen un tiempo de estudio, generación de hipótesis, recopilación de información y redacción. ¿La idea? Desde el periodismo incidir, generar cambios y discusión pública.

“Esta investigación se llevó alrededor de seis meses de trabajo, tiene todo su sustento en información oficial, información que cualquier ciudadano puede acceder a ella a través de solicitudes que se hacen, en este caso, al Servicio de Administración Tributaria”.

Del 2014 al 2017, año en el que gobernó Rubén Moreira Valdéz, se facturaron $680 millones 154 mil 231 pesos a empresas fantasma. Ya en 2018, durante la administración de Miguel Riquelme, se facturaron poco más de 43 millones de pesos bajo el mismo esquema.

“Esta información tiene que ser investigada aunque se trate de personajes que han estado históricamente protegidos, creo que los sistemas anticorrupción no pueden negarse a datos tan contundentes, como en el caso de Coahuila, el ex gobernador Rubén Moreira durante su administración detectamos 680 millones de pesos con empresas fantasma, creo que es una cantidad enorme y como lo comentas, Coahuila es el segundo estado con la cifra más alta de esta investigación que hicimos de toda la frontera y creo que el dato es bastante relevante como para que las autoridades lo dejen pasar como si no fuera nada”.

El llamado de Miriam Ramírez principalmente fue hacia los periodistas locales; a que investiguen, a que expongan hechos de corrupción y, sobretodo, que a partir del rigor y la fortaleza de las investigaciones, se logre incidir para que sancionen a los y las responsables por los atracos suscitados en las entidades federativas.

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Incidir desde el periodismo

Esta investigación no sólo busca revelar la información y que los demás saquen sus propias conclusiones. Iniciativa Sinaloa, organización de la sociedad civil fundada por periodistas, busca dar un paso más allá. A través de la conformación de un equipo multidisciplinario de trabajo, realizan la investigación periodística para posteriormente diseñar una estrategia que ayude a incidir y generar un cambio.

En ese sentido, Miriam Ramírez llamó a los sistemas locales anticorrupción a hacer su trabajo, a tomar estas investigaciones como punto de partida para deslindar responsabilidades y sancionar a las y los funcionarios que cometan hechos irregularidades gracias a sus posiciones de poder.

“Estamos urgiendo a las autoridades a investigar, a deslindar responsabilidades ya sea contra ex servidores o contra servidores públicos en turno. En el caso de Coahuila se habla de administraciones pasadas pero también de la administración actual, sólo el estado de la administración actual de Miguel Riquelme tendría alrededor de 43 millones de pesos con estas empresas fantasma, entonces creemos que la autoridad tiene la obligación y la facultad de investigar quién procedió en estas contrataciones, quiénes son los servidores públicos involucrados, quién autorizó estas compras y validó estas facturas con estas empresas”.

En Coahuila el Sistema Estatal Anticorrupción cumplirá tres años operando. Hasta la fecha, temas como el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma no se han tocado por el Comité Coordinador ni por la Secretaría Ejecutiva. El Consejo de Participación Ciudadana tampoco ha puesto esos hechos sobre la mesa.

¿Hay voluntad política para buscar la reparación del daño y el deslinde de responsabilidades en hechos puntuales de corrupción acontecidos en Coahuila en los últimos años?

Al menos, por esta investigación, ningún integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se ha pronunciado. Desde el Congreso, hubo voces que se fueron contra el ex gobernador y ahora Diputado Federal Rubén Moreira, pero por los 43 millones facturados por la administración estatal actual hicieron mutis.

Desde el periodismo y a través de la interlocución con organizaciones de la sociedad civil, podrían lograrse cosas importantes. En la ciudadanía podría estar el camino de justicia que no han querido labrar las autoridades estatales desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, hasta el Judicial.

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