En 2021, Miguel Riquelme envió una iniciativa al congreso local para que se aprobara la creación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva. Esta iniciativa fue aceptada por los diputados y diputadas del Congreso de Coahuila, debido a la mayoría priista. Durante un año, la Secretaría, que debía encargarse de gestionar proyectos con la iniciativa privada por medio de asociaciones público privadas sólo ha tenido reuniones y juntas, más no ha concretado ningún proyecto de utilidad. Además, la dependencia está a cargo de Gerardo Berlanga Gotés y otros colaboradores que en el pasado han recibido contratos millonarios para construcción en administraciones de Humberto Moreira y del actual Gobernador.
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme promovió la creación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva (SIPP) en marzo de 2021. Esta dependencia, en teoría, busca incentivar la inversión privada para desarrollar infraestructura. De acuerdo con especialistas consultados para esta investigación, hay riesgo de que la secretaría sólo genere más deuda, además de que está dirigida por personajes cercanos al gobernador, señalados de incurrir en conflictos de interés y beneficiar a familiares.
Más de un año y medio después de haber sido creada, la SIPP no ha entregado ni una obra de infraestructura. El motivo por el que fue creada ha sido refrendado en ruedas de prensa y entrevistas, pero en la práctica, todo se ha reducido en promesas incumplidas y gasto en burocracia para su operación. Lo que sí representará es una carga más para las debilitadas finanzas coahuilenses.
Una secretaría sin trabajo que respalde su creación
Desde la adquisición de la megadeuda de Coahuila en 2011, cuando a través de la contratación de créditos con documentos falsos ésta subió hasta los 36 mil millones de pesos, la inversión en obra pública cayó con respecto a lo que se gastaba en años anteriores. Entre 2009 y 2010, durante la administración de Humberto Moreira, el gobierno de Coahuila destinó casi 20 mil millones de pesos para desarrollo de infraestructura.
En contraste, el tope máximo de gasto en obra pública desde los gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Riquelme apenas rebasó los 4 mil millones. Para este 2022, el presupuesto asignado para inversión pública es de 3 mil 844 millones de pesos.
Es por la falta de recursos que se creó toda una dependencia para promover las inversiones privadas en obras públicas, sin embargo, los proyectos planteados no avanzan.
El diputado independiente del Congreso de Coahuila, Rodolfo Walss Aurioles, comentó que Miguel Riquelme “presumió” a la Secretaría de Inversión Pública Productiva como si fuera algo ya “cocinado”.
“No quieren endeudar más al estado porque les ha costado políticamente y aunque lo hicieran, es muy probable que no tengan la capacidad para hacerlo, tampoco nadie les va a prestar dinero, ningún constructor, sabiendo que ya todas las garantías están ocupadas por los bancos”, explicó el diputado de oposición.
Un ejemplo claro es que por transparencia las autoridades contestaron que no existe proyecto ejecutivo que describa la planeación del Corredor Económico del Norte, principal propuesta de la SIPP, pese a que los funcionarios estatales han hecho giras por diversas partes del estado para anunciar un plan de inversión de 2 mil millones de pesos.
Con el recurso, se plantea la construcción de libramientos en las carreteras federales 30 y 57 para llegar a Piedras Negras y los de la carretera 29 para ampliar la ruta hacia Ciudad Acuña, aseguró en un acto público el pasado viernes 4 de marzo de 2022 el secretario Gerardo Berlanga Gotés.
Berlanga agregó que algunas obras serán fondeadas con los peajes y otras más con el modelo APP y con el pago directo del impuesto sobre nóminas, recurso que pone la iniciativa privada.
El 8 de junio de 2022, el gobernador Miguel Riquelme celebró un acto público para inaugurar la modernización vial de la carretera Santa Eulalia y calle Reginaldo Ramón, proyecto que, de acuerdo con el mandatario, también forma parte del Corredor Económico del Norte; una vez más, mientras por la vía oficial la autoridad dice que todavía no se pone en marcha, en actos públicos el mandatario anunció la construcción de carreteras como parte del megaproyecto de infraestructura.
La cabeza de la secretaría impulsada por Riquelme
El ingeniero Berlanga Gotés, actual titular de la SIPP, estuvo involucrado en la obra pública del llamado Sistema Metropolitano de Movilidad Metrobús Laguna como Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna. El metrobús fue un proyecto prometido por el ex presidente Enrique Peña Nieto hace 6 años, durante la gestión de Rubén Moreira, en Coahuila, y de Miguel Riquelme, en Torreón; y que nunca ha sido concluido.
La Auditoría Superior de la Federación señaló en la auditoría 690-DS-GF, en 2021, que existen dos plazos de terminación incumplidos (2016 y 2018) y que la mayor parte de los trabajos que sí se hicieron ya están deteriorados y/o vandalizados.
Incluso, cuando Berlanga Gotés fue funcionario del municipio de Torreón como director de Obras Públicas dentro del gabinete del entonces alcalde Miguel Riquelme, recibió acusaciones con respecto a irregularidades en los procesos de licitación de obra que fueron expuestos por un medio local. Esto en épocas de campaña para la gubernatura en 2017, donde uno de los principales opositores políticos del partido al que pertenece Miguel, el PAN, señaló que fueron desviados 180 millones de pesos, según publicó el diario Milenio.
Desde entonces, Riquelme y Berlanga han ido hombro con hombro en proyectos de gran peso dentro de los planes del hoy gobernador de Coahuila. Aunque, vale la pena recordar, Berlanga comenzó como funcionario de Torreón con el panista Guillermo Anaya Llamas cuando fue alcalde del municipio en 2002, luego saltó hacia el PRI con Humberto Moreira Valdés para trabajar como subsecretario en la extinta Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna y posteriormente volvió al municipio ya con Miguel Riquelme como presidente municipal, como director de obras públicas.
Las obras de Gerardo Berlanga también escurren a favor de su hijo. El reportaje “Inversión Pública en el Paseo Morelos benefició a hijos de funcionarios”, de la periodista Jessica Ayala Barbosa, documentó el hecho de que Gerardo Berlanga Santibañez, junto con Jorge Luis Morán, tuvieron la facilidad de abrir y operar el bar “Bronx”. La obra señalada en la investigación, fue ejecutada por Berlanga Gotés cuando fungía como director de obras públicas de Torreón durante la administración municipal de Miguel Riquelme.
La Liga de Ingenieros
De Berlanga Gotés ya se han descrito sus antecedentes, en segundo orden se encuentra Gabriel Díaz Couder Núñez, actualmente subdirector de administración y operación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva.
Trabajó con Gerardo Berlanga desde que fue ex director de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna cuando el primero fue subdirector; y después colaboraron de nuevo en la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), donde Gabriel fue coordinador de costo y Berlanga el titular.
Díaz Couder Núñez informó en su declaración patrimonial en 2018 que tuvo conflictos de interés cuando trabajó en la SIDUM.
El conflicto es específico en el documento del Declaranet donde contesta “Sí” a un conflicto de interés de tipo 1, o sea poseer un “puesto, cargo, comisión, actividad o poderes” en empresas, asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría que “puedan o no recibir una remuneración” por su participación en el gobierno.
Además, también contesta “Sí” a poseer un conflicto de interés tipo 2. Asegura que existen “participaciones económicas o financieras, así como convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro” entre él o alguna cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos y una persona física o moral que “podría ser percibido o susceptible de un conflicto de interés”.
Este “conflicto de interés”, definido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas mexicana como: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios” existió con la empresa “Constructora y Estructuras Laguna S. A. de C. V.”, con RFC: CEL1006223C4, que perteneció a Gabriel Díaz Couder Núñez desde su fundación en junio del 2010 hasta el 2018, cuando deja los poderes de la empresa a su hija.
Constructora y Estructura Laguna fue acreedora a 6 contratos para construir obras estatales entre 2014 y 2020 a los que se pudieron acceder por medio de la plataforma oficial compranet.com.
Los 6 contratos alcanzan un total de 15 millones de pesos.
Además de ello, la empresa de Díaz Couder Núñez fue contratista del gobierno de Torreón cuando Miguel Riquelme fue alcalde y, de acuerdo al listado de obras públicas realizadas entre 2014 y 2017, publicado por la Dirección de Construcción y Supervisión de Obra en el apartado de transparencia del sitio web oficial del municipio, la empresa Constructora y Estructuras Laguna S. A. de C. V. recibió 8 contratos entre abril del 2014 y julio del 2015.
En total, estos contratos sumaron 8,318,331.97 millones de pesos.
Sin embargo, hay que aclarar que recibió la mayoría de estos trabajos de construcción sin ser funcionario ya que Gabriel Díaz Couder fue el de director de Obras Públicas en la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna hasta 2011 y volvió a ser funcionario hasta 2018.
En ese año, Díaz Couder Nuñez deja la sociedad en Constructora y Estructuras Laguna S. A. de C. V. para otorgarle todos sus poderes a la hija: Gabriela Díaz Couder Santibañez, lo cual, técnicamente no cesa un conflicto de interés, porque sigue habiendo un vínculo familiar entre la empresa y un servidor público.
Incluso podría señalarse un delito de ejercicio abusivo de funciones, según expone el Código Penal Federal en su capítulo VIII, artículo 220, sección I, donde se lee:
“El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte…”
Asimismo, Díaz Couder Núñez trabaja junto a su hijo en la SIPP, quien figura como director de Informática, Alberto Díaz Couder Santibañez. Lo cual también podría incurrir en nepotismo, según el artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidad Administrativas que estipula:
“Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.
En la siguiente fotografía, extraída de la cuenta de Facebook de Alberto Díaz Couder, se puede ver a Alberto, a Gabriela, a Gabriel y a Diana Patricia Díaz Couder Santibañez. Esta última es, así mismo, empleada de gobierno. Ella trabaja en el municipio de Torreón, su puesto es de coordinadora de Planeación y Vinculación en el área de Obras Públicas del municipio, según la nómina de la administración.
Gamaliel Ortega Arellano, por su parte, hoy es subsecretario de análisis de proyectos de la SIPP y ex director de proyectos de la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna donde trabajó con Berlanga y Díaz Couder Núñez.
Gamaliel Ortega Arellano aparece en el Registro Público de Comercio mexicano como socio en la empresa “3D Mapping Lidar Systems México, S. A. de C. V.” junto a Gerardo Berlanga Santibañez, hijo de Berlanga Gotés.
Para este reportaje, buscamos la opinión de Gabriel Díaz Couder, Gamaliel Ortega y Gerardo Berlanga, sin embargo, ninguno de ellos respondió a llamadas y correos, en los tres casos, mensajes directos de WhatsApp al mismo Diáz Couder y una visita presencial a la oficina de Berlanga, como se mencionó al inicio de esta investigación.
Las instalaciones de la SIPP
La SIPP está instalada en la carretera Los Valdez sin número, en una de las zonas con más plusvalía de la ciudad de Saltillo.
El edificio, que se ve inconcluso, está descuidado y muestra casi nulo movimiento durante el día. El equipo de Red es Poder visitó estas instalaciones el pasado mes de marzo y documentó su evidente descuido.
La planta baja está sola, sólo un guardia de seguridad vigila la entrada. Incluso, a primera vista, la estructura aparenta ser una obra incompleta, “negra».
La fachada está compuesta por vidrios y ventanas y no tiene señales de que allí se encuentra la secretaría. Cuando se pidió al guardia permiso para entrar, éste indicó que había que subir por unas escaleras de cemento, las cuales estaban también sin acabados.
Según el historial fotográfico de Google Maps, este complejo con paredes de vidrio se comenzó a construir en 2016, cuando aún gobernaba Rubén Moreira Valdés.
Se desconoce qué se hacía antes ahí, pero ahora, en 2022, este lugar es el espacio de trabajo del personal y directivos de la SIPP.
De acuerdo con el organigrama de la secretaría, su fuerza laboral está compuesta por 42 trabajadores, sin embargo, al realizar la visita, el pasado lunes 11 de mayo, alrededor de las 10 de la mañana, no había más de 5 personas ejerciendo sus funciones; una recepcionista, la asistente de Gerardo Berlanga y tres personas más. Su interior estaba carente del bullicio que otorga una oficina de gobierno al iniciar una semana de trabajo.
Realizamos una nueva visita al edificio el pasado 25 de agosto. El inmueble continúa, exactamente, en las mismas condiciones que cuando lo conocimos la primera vez.
Modelo de inversión dudoso y con riesgos de corrupción
El modelo de inversión vía asociación público privada inició durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2012, casi al terminar su mandato, se aprueba la Ley de Asociaciones Público Privadas, dando acceso al gobierno federal para realizar proyectos mediante este tipo de modelos.
Para Edwin Carcaño Guerra, Licenciado en Administración de Empresas egresado del ITESM Campus Monterrey y con un master en Business Administration de Thunderbird, el modelo APP es una estrategia ideal para generar ingresos y para distribuir mejor el gasto que se hace con dinero público.
“Así, en todas las áreas de oportunidad de infraestructura que hay en el país, el gobierno no tiene que desembolsar ni un centavo. Cuando esta infraestructura queda totalmente generada, no necesariamente son los privados los que lo van a manejar. Lo puede manejar el gobierno”, explicó el experto.
Así como a Edwin Carcaño, se entrevistó también acuerdo al experto Hugo Javier Fuentes Castro, doctor graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Aplicada quién aseguró que «hacer APP’s no es fácil, no es sencillo. Necesitas capital humano especializado”.
“Es un estudio complejo, difícil, con riesgo. En el que tengo que evaluar correctamente, acotar bien qué voy a hacer. Hay un riesgo, porque implica toda una serie de procesos, no es nada sencillo. Para que sea sostenible tienes que pasar por una serie de pasos y tienes que hacerlo muy bien”, agregó.
Vanya López Toache. la doctora en economía por la Facultad de Economía y Maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, explica por qué el diseño del modelo APP, como el que está impulsando la SIPP en Coahuila, puede corromperse con facilidad.
“En mi opinión, esta inversión (modelo APP), ha sido beneficiosa para un sector que es el sector privado, sobre todo, porque han sido onerosas. Los escándalos de corrupción en México están totalmente documentados. Está el caso de OHL, está el caso de Odebrecht, está el caso de Iberdrola, en fin, muchísimas empresas que han incurrido en corrupción y han sido beneficiosas para el sector privado y una élite del sector público y para la población pues no, porque los servicios que tenemos en el sector público no precisamente han mejorado.»
El doctor en Políticas Públicas y profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Luis Augusto Chávez Maza, específica cuáles son los hechos de corrupción que se presentan con mayor frecuencia en los modelos de asociaciones público privadas para desarrollar infraestructura o concesionar servicios.
“Veamos al APP como un conjunto de contratos. Son tantos contratos que la falla puede ser en uno o puede ser múltiple. Uno de los más grandes problemas con este tipo de contratos son las dinámicas de renegociación de los contratos”.
Además, el especialista indicó que con el modelo APP, se promueve el secreto bancario, de tal manera que toda la información que debería ser pública, pasa a ser de privados, es decir, se limita la transparencia.
¿La nueva deuda para Coahuila?
Gerardo Berlanga Gotés informó que en las cinco regiones del estado los grupos de empresarios avalaron por unanimidad el proyecto de construcción del Corredor Económico del Norte vía APP.
Para financiar la construcción de los libramientos, las autoridades plantean tomar los recursos del Impuesto Sobre Nómina, recaudado únicamente con aportaciones de los empresarios. Berlanga expuso que, con el 9% de ese gravamen, irán pagando a los inversionistas vía sociedades público privadas, es decir, el gobierno estatal tomará un porcentaje del dinero de un impuesto cobrado a los empresarios, para pagar la deuda con otros inversionistas privados.
José Luis Hotema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, comentó que no están tan contentos con la decisión porque la cantidad de dinero que se aportará del ISN para el Corredor, ya que no se podrá invertir en obras públicas para los municipios, es decir, se cubrirá una carencia y no se atenderán otras.
Con la corrida financiera diseñada por el gobierno estatal, durante 9 años Coahuila pagará 280 millones de pesos hasta llegar a la cifra de 2 mil 520 millones, es decir, 1,120 millones más sólo de intereses.
“Estamos buscando esta alternativa de financiamiento, al ser parte de una contraprestación por un servicio que representa un gasto corriente cada año que se constituye en deuda pública”; comentó Miguel Riquelme el pasado 3 de junio en el Centro de Convenciones de la ciudad de Torreón
El mandatario estatal anunció que ya están a punto de garantizar fideicomisos, proyectos y todos los requisitos para poder iniciar con la construcción de los libramientos. Las garantías, hoy en día, siguen sin cumplirse.
Miguel Riquelme terminaría su sexenio sin obras terminada a través de la SIPP
Miguel Riquelme terminará su período como gobernador el próximo 30 de noviembre de 2023. El proyecto de infraestructura más importante que planteó durante su gobierno es el Corredor Económico del Norte. Según sus cuentas, el financiamiento vía APP será por 9 años. La deuda está casi cerrada con los inversionistas.
Pese a ser su proyecto más importante, Miguel Riquelme, como gobernador, no verá terminadas las obras.
Al cierre de este reportaje, ninguna obra financiada vía APP está terminada. La mega obra no tiene ni un proyecto ejecutivo con el cual ampararse. Hasta el momento, todo ha sido empujado a través de discursos, promesas y estadísticas.
