La lucha contra la corrupción no ha sido una de gritos y sombrerazos, sino de iniciativas de leyes y términos jurídicos; posicionamientos y comunicados; investigación periodística y aplicada; cabildeo en cámaras y congresos; vinculación con organismos internacionales, etc. En términos generales, se han librado batallas con algunos resultados positivos para la ciudadanía, aun cuando se enfrenta a un Estado que no cuenta con incentivo alguno para dar pasos contundentes en el combate a la corrupción.

Uno de los grandes retos para los organismos ciudadanos que libran estas batallas actualmente es el de sumar aliados entre la ciudadanía. Aunque estamos viviendo un momento importante en la historia política, y esperamos que económica y social, para nuestro país, los mensajes relacionados con el tema anticorrupción han generado relativamente poco impacto a nivel mediático. Es decir, los avances, tropiezos, retos y planes de las organizaciones civiles, se difunden poco a través de medios tradicionales, o generan poca respuesta del público en general.

Hemos fallado, como sociedad civil organizada, en elaborar un discurso que sume audiencias diversas. No hemos sido capaces, en general, de adecuar el mensaje para que llegue a todos los rincones y sectores sociales del país y de nuestro estado. En parte, porque estamos ocupados todos los días en esquivar un nuevo revés de las instituciones oficiales, pero sobretodo porque asumimos que toda la población es capaz de relacionar las dificultades cotidianas que enfrenta con el problema estructural de las formas de gobierno, y no es así.

Nuestro mensaje y las estrategias para difundirlo necesariamente se deberán ir sofisticando, mejorando. Debemos informar que la corrupción representa costos económicos, políticos y sociales, que han sido medidos por distintas instancias a nivel nacional e internacional; que según la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, la corrupción cuesta el 10% del PIB en México. Otras organizaciones aseguran que el 5% del PIB -equivalente a todo el costo de educación pública más privada en México- se escapa en mordidas, desvío de recursos públicos, fraudes, etc. INEGI informa que el 14% del ingreso promedio de los hogares en México se destina a pagos extraoficiales, mientras que en los hogares que perciben el salario mínimo, este porcentaje aumenta a 33. Es decir, que la corrupción afecta por supuesto a los grandes empresarios, pero afecta en mayor proporción y en la calidad de vida directamente, mucho más a las familias más pobres de nuestro país.

Los resultados de la investigación publicada por Animal Político y realizada en conjunto por el medio y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (La Estafa Maestra) son un ejemplo de la adecuación del mensaje, las alianzas estratégicas y la ciudadanización necesaria de los movimientos anticorrupción. Ante tal nivel de cooperación y compromiso, los pocos pero aventurados discursos en contra de esta lucha legítima y necesaria, mueren de inanición o descalificación ciudadana. Quien no está en contra de la corrupción en México, se beneficia al solaparla.

En PC29 trabajamos coordinadamente con otros 108 organismos estatales, investigadores, aliados nacionales y ciudadanos de todos los sectores productivos y sociales, para elaborar planes y cooperar en la transformación de nuestro municipio y estado. Estamos convencidos de que nuestras acciones deben mantener el objetivo de promover la participación ciudadana y promover espacios de diálogo abierto con las instituciones gubernamentales.  Nuestro enfoque ha sido, y seguirá siendo, el de la construcción colectiva por encima de la imposición o el liderazgo; el de la colaboración y la empatía, con todos los organismos que se siguen sumando.

Foto de portada de pagina3.mx

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