Satélite Político: análisis cuantitativo del desempeño del Congreso de Coahuila

Editorial

Por primera vez, la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila tuvo alternancia. Desde siempre, el PRI encabezó dicha tarea, sin embargo, durante el segundo año de esta legislatura, el PAN, con Marcelo Torres Cofiño, tomó la batuta. Ahora, para el tercer año, la presidencia corresponde a Emilio De Hoyos Montemayor, de la Unidad Democrática de Coahuila.

Aunque la alternancia es una herramienta eficaz para fortalecer la democracia y terminar con cotos de poder, la oposición dentro del Congreso no logró que trascendieran temas torales y puntuales como el seguimiento a la contratación de la megadeuda y la fiscalización del comportamiento de los funcionarios que forman parte de la actual administración.

Los 25 diputados que integran al Congreso de Coahuila se enfocaron, con más empeño que el año pasado, en generar iniciativas y pronunciamientos para modificar, reformar o añadir artículos a la Constitución local.

De nueva cuenta y desde que llevamos a cabo este ejercicio, al Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, le aprueban 8 de cada 10 iniciativas que presentó. En contraste, el diputado que salió mejor librado en esta materia fue Juan Carlos Guerra, del PAN, con 5 de cada 10.

A pesar de que existe mucha tecnología para llevar un control exhaustivo sobre las asistencias a un centro de trabajo, en el Congreso de Coahuila aún se realiza este protocolo firmando una hoja, situación que podrían abonar a la falta de transparencia.

A pesar de que en 2019, sobre todo durante el último trimestre, la violencia se destapó en la zona norte de Coahuila y en la misma Comarca Lagunera, a la Comisión de Seguridad del Congreso sólo se le turnó una iniciativa en todo el año.

Durante el segundo año de labores de la presente legislatura, el Diputado Benito Ramírez renunció al Grupo Parlamentario Benito Juárez de Morena para comenzar sus funciones como legislador independiente.

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La LXI Legislatura, en total, representará un gasto al erario superior a los 600 millones de pesos por sus tres años de trabajo.

Temas como el esclarecimiento de la megadeuda y la fiscalización de funcionarios por el desempeño de su trabajo, casi no fueron atendidos por el Congreso ya que los pronunciamientos y puntos de acuerdo referentes a estos temas, en su mayoría, no fueron aprobados.

Este estudio es meramente cuantitativo, por lo que no nos detuvimos a evaluar la calidad del trabajo legislativo, dícese puntos de acuerdo e iniciativas, ni tampoco medimos la incidencia e impacto social de los mismos.

La metodología de este estudio fue diseñada por nuestro equipo de investigación y con la asesoría de representantes del sector académico cuya especialización radica en la estadística y el procesamiento de datos numéricos.

Por año, de percepción bruta, un diputado local gana $1,096,831.53, sin embargo, legisladoras como Claudia Isela Ramírez, rebasaron el millón y medio de pesos de ingresos anuales por su constante participación en reuniones de comisión, ya que a éstas se les aplica un pago adicional sólo por asistir.

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